Carmena adjudicó el plan de Lavapiés a una consultora por “falta de personal”
Los mandos de la Policía Municipal lo califican de “provocación” y aducen que el Consistorio cuenta con 25.000 trabajadores, de los que 6.200 son policías
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó el Plan de Gobernanza y Seguridad de Lavapiés a la consultora externa InNODS porque carecía de “medios materiales y personales” para desarrollarlo, según consta en el contrato. Este hecho ha soliviantado a los mandos de la Policía Municipal, que lo califican de “provocación”, ya que el Consistorio cuenta con 25.000 trabajadores, de los que 6.200 son policías. El Ayuntamiento explica que se trata una “práctica habitual”, ya que se buscaba un perfil de técnicos especialistas en seguridad y participación.
El documento, redactado por el Instituto de Innovación y Organización y Desarrollo Social (InNODS) le va a suponer al Ayuntamiento un desembolso de 16.450 euros, a los que hay que añadir otros 3.454,5 en concepto de IVA. En total, el Consistorio pagará 19.904,5 euros.
Para el contrato, de carácter menor, al no superar los 18.000 euros sin IVA, no es necesario abrir un concurso público, sino solo pedir tres ofertas. Así se hizo con las empresas Hiridunak Estudios, Col-Lectiu Punt 6 SCCL e InNODS. Las dos primeras no ofrecieron ninguna propuesta. Por lo tanto, según la memoria justificativa del contrato, “se considera la oferta económicamente más ventajosa para la Administración [la de InNODS], teniendo en cuenta la idoneidad”. La resolución tiene la conformidad del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, oficial en excedencia nombrado para el cargo por el edil de Seguridad, Javier Barbero.
El Plan de Gobernanza y Seguridad de Lavapiés fue presentado a los grupos políticos el jueves 30 de junio en un pleno de la Junta Municipal de Centro. Incluye la creación de “jurados vecinales”, de “gestores de barrio” y de la “Policía Comunitaria”. Los jurados dirimirían pequeños conflictos e incumplimientos de las ordenanzas municipales, los gestores serían cargos políticos de los que dependería la seguridad vecinal y la Policía Comunitaria estaría compuesta por seis agentes que trabajarían como mediadores. Si hubiera salido adelante (el viernes PP, PSOE y Ciudadanos bloquearon esta posibilidad en el pleno de Centro) podría haberse extendido a los 121 barrios de la capital.
Un proyecto paralizado por la oposición
El pleno de la Junta Municipal de Centro metió el pasado jueves el proyecto de gobernanza del barrio de Lavapiés en una vía muerta. Una proposición del PP, apoyada por el PSOE y Ciudadanos, supuso la reprobación y la paralización del plan hasta que sea consensuado por todos los grupos políticos.
El proyecto que recoge el contrato tiene una duración de seis meses. En él trabajarían un especialista en intervención social comunitaria, un licenciado en Psicología y un experto en participación. Este equipo haría investigaciones de evaluación comparada y planificaría y gestionaría los resultados de las áreas de Seguridad Ciudadana y Justicia. Por último, pondría en marcha una actuación piloto de la llamada Policía Comunitaria.
El adjudicatario elaboraría un informe final con los resultados.
“Barrio conflictivo”
En la justificación del contrato, el Ayuntamiento afirma que quiere actuar de manera preventiva ante la posible aparición de situaciones de inseguridad y problemas de convivencia en Lavapiés, “uno de los barrios con un mayor índice conflictividad”. “Se quiere poner en marcha un servicio encaminado a mejorar la seguridad ciudadana, potenciando la participación e impulsando iniciativas de mejora de la integración social”, añade el contrato. El documento elaborado por la Subdirección General Económico-Administrativa de la Policía Municipal justifica la externalización: “Se considera necesario acudir a la contratación externa, dado que el Ayuntamiento de Madrid no cuenta con los medios materiales y personales para desarrollar la contratación proyectada”.
La justificación para adjudicar a InNODS el plan de seguridad ha molestado especialmente a la cúpula de la Policía Municipal. Algunos de los 60 integrantes de la escala técnica (jefatura) creen que hay personal suficiente en el cuerpo para desarrollar el proyecto. “Que calculen todos los años de experiencia que sumamos los mandos y que vean si no superamos o no todo lo que pueda ofrecer esa empresa externa. Si somos los directivos de la Policía Municipal y no valemos para hacer ese trabajo, deberían replantearse cuál es nuestra función y para qué nos pagan”, señaló especialmente enfadado uno de los mandos. “¿Cómo que no hay personal? Lo hay y de sobra para desarrollar ese proyecto y muchos más”, añadía. Los mandos policiales sostienen que la consultora podía haber trabajado, en todo caso, como asesora si realmente se quiere poner en marcha el plan. “¿Realmente se necesita un contrato y tanta historia para poner a seis agentes en Lavapiés al frente de la llamada Policía Comunitaria?”, se preguntaba otro mando.
El barrio está bajo lupa desde 2012
El barrio de Lavapiés contó entre 2012 y finales de 2015 con un plan integral de mejora de la convivencia, firmado por la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Policía Nacional y la Policía Municipal, además de algunos agentes sociales de Lavapiés.
El objetivo era múltiple. Se trataba de mejorar la seguridad ciudadana y potenciar la participación de los vecinos para definir las actuaciones necesarias para prevenir los actos delictivos. Por último, se buscaba impulsar la rehabilitación del barrio. Detrás ya estuvo InNODS.
Lavapiés, según el contrato de adjudicación del plan de gobernanza, “debe recibir una mayor atención e inversión de recursos locales”.
También ha levantado las suspicacias de los agentes que el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, diese el visto bueno al contrato. “Demuestra que tiene muy poco conocimiento, pese al tiempo que lleva, de lo que estamos haciendo sus compañeros desde hace años”.
Fuentes del Área de Seguridad, de la que depende la Dirección General de la Policía Municipal, aseguran que siempre ha habido “un reconocimiento absoluto” a la labor que desarrolla el cuerpo. “Lo que buscábamos era contar con los expertos que más saben del tema [las tres empresas invitadas] para poner en marcha una experiencia puntera, por lo que fue necesario hacer un contrato para implementar y poner en marcha el plan”, añaden.
Según el Área de Seguridad, se ha apostado por InNODS para desarrollar estos nuevos modelos de seguridad porque cuenta con experiencia, con la metodología adecuada para hacer el trabajo de campo y para diseñar el conjunto de propuestas del proyecto. “No significa que no contemos con los agentes. Al revés, muchos de ellos quieren colaborar. Lo que ocurre es que ahora mismo no hay ningún técnico especializado en seguridad y en participación como lo necesitamos”, añaden estas fuentes del Gobierno municipal.
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