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Adif admitió “riesgos” de seguridad por tener parada La Sagrera

La obra de la estación puede sufrir su "ruina" y suponer un peligro para las personas, dice en un informe

Jesús García Bueno
Les obres de la futura estació de La Sagrera.
Les obres de la futura estació de La Sagrera. Albert Garcia

La paralización de los trabajos en torno a la estación de La Sagrera (Barcelona) puede poner en riesgo la integridad de la obra y la seguridad de los ciudadanos. Así lo advirtió Adif, el ente gestor de infraestructuras ferroviarias, a la Fiscalía Anticorrupción durante la investigación por el desvío millonario en la construcción de los accesos y la estación. La obra ya ejecutada puede sufrir su “degradación o ruina” y supone, además, un “riesgo” para las personas, señala en un informe al que ha accedido EL PAÍS. Hace unas semanas, la Guardia Civil detuvo a 14 personas —entre ellos, altos cargos de Adif— por certificar trabajos no realizados o sobrevalorados en un nuevo caso de corrupción en torno a la alta velocidad.

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La advertencia de seguridad figura en un documento remitido por Adif en abril y que consta en el sumario del caso. En octubre de 2015, la empresa pública tuvo que detener definitivamente las obras de La Sagrera porque los auditores estaban trabajando sobre el terreno para certificar si los trabajos pagados con dinero público se habían ejecutado o no, y si se habían empleado (como ha constatado ahora la investigación) materiales de peor calidad que los mencionados en los informes.

La prolongación del bloqueo puede provocar la “degradación o ruina de elementos de la obra ejecutada” y también daños “a las personas”. La situación actual, agrega el ente, “puede generar situaciones de riesgo para los ciudadanos”. Por no hablar del “interés general”, dice el informe, que también se ve afectado por los “retrasos en la puesta en servicio de la infraestructura”. Esa última preocupación ya la verbalizó en junio el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. El alto cargo salió al paso de las críticas por los retrasos de La Sagrera y anunció que estaban paradas por las presuntas irregularidades en las mediciones.

Los correos prueban las trampas

La investigación por el desfase millonario en las obras de La Sagrera no solo se sustenta en informes técnicos. La Guardia Civil tiene también en su poder correos electrónicos entre los implicados que detallan la falsedad de las certificaciones. Los correos “evidencian que los directores de obra daban las instrucciones acerca de las mediciones y los importes a certificar mensualmente, aunque no reflejasen la realidad de lo ejecutado”, señala uno de los informes de la Guardia Civil que figura en la causa. Algunos son elocuentes. Como uno enviado por el técnico Isaac Calvo, ya detenido en 2014 por alterar mediciones en el tramo entre Trinitat y Sagrera: “Lo que hemos hecho es que las mediciones y plano sean acordes entre ellos, y a la vez, que sean más o menos acordes con la realidad”.

El escrito, firmado por el presidente de Adif, Gonzalo Ferré, pide al fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, su “autorización” para “continuar con la ejecución de las obras”. Y, en el caso de que la reanudación pueda “alterar el lugar donde se han producido los hechos denunciados y dificultar la obtención de pruebas”, solicita que, al menos, se realicen algunas actuaciones para mejorar la seguridad. Los técnicos de Adif, señaló Ferré, “consideran imprescindible” llevar a cabo un “mínimo de actuaciones”, como “tratamientos de impermeabilización” o “finalización de los elementos estructurales”.

Adif encargó un estudio a la Universidad Politécnica de Madrid, que subrayó la necesidad de “mejorar la seguridad actual de la obra, principalmente frente a la inestabilidad del fondo de la excavación”. En su respuesta, el fiscal recordó a Ferré que no podía dictar ninguna autorización; entre otras cosas, porque él en ningún momento había ordenado su paralización. Retomar o no las obras es “competencia del ente por usted presidido”, dice el fiscal.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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