Puigdemont defiende la legalidad de la ‘cesión’ de un hospital a Hestia

El presidente afirma que "no se puede demostrar" la relación entre la medida y una donación a CDC

Carles Puigdemont interviente en el Parlament.
Carles Puigdemont interviente en el Parlament.ANDREU DALMAU / EFE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido hoy en el Parlament la legalidad de la cesión del hospital público Hestia Duran i Reynals desde una fundación a una empresa privada. La medida fue aprobada por el anterior gobierno de Artur Mas en 2014, tres años y medio después de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibiera una donación de 80.000 euros de la compañía.

"Usted trata de establecer unas relaciones causa-efecto que no puede demostrar", ha contestado Puigdemont a una pregunta del líder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell. "La información de la que dispongo indica que no hubo ninguna irregularidad ni, por descontado, ilegalidad", ha seguido el presidente catalán.

En el turno de réplica, Rabell ha insistido en diferenciar "legalidad" de "legitimidad", en referencia al hecho de que el cambio de adjudicatario permitirá a la empresa "embolsarse" como beneficios los resultados positivos en la gestión del centro, que antes "como entidad sin afán de lucro estaba obligada a reinvertir" en mejoras asistenciales.

Puigdemont, que no ha entrado a valorar este asunto, ha insistido en que "todos los trámites desde el inicio del proceso cuentan con todos los informes favorables de todos los organismos que han intervenido". "Si a usted le preocupa si se ha hecho alguna cosa irregular, la información de la que disponemos es que rotundamente no".

El caso se remonta a 2003, en el último año de gobierno de Jordi Pujol. La Generalitat convocó y adjudicó un concurso público para la gestión de un centro sociosanitario de 400 camas en L'Hospitalet. La licitación fue ganada por la única entidad que se presentó, la Fundación Sociosanitaria de Barcelona (FSSB), vinculada al grupo Hestia. El concurso preveía que las entidades sin ánimo de lucro tuvieran, ante ofertas similares, una "preferencia en la adjudicación".

El contrato preveía la inversión de más de 15 millones de euros por parte de FSSB a cambio de una duración del contrato larga, de 30 años. La Generalitat aporta cada año 16 millones de euros al hospital por la asistencia de enfermos crónicos y psiquiátricos, por lo que el valor total de la adjudicación asciende a 500 millones. FSSB obtuvo en sus primeros años de gestión unos importantes resultados positivos, que superaron el millón de euros en 2012 y 2013.

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Ese último año año, FSSB solicitó ceder el contrato público a una empresa del grupo Hestia, hoy llamada SSR Hestia. La petición llegaba apenas dos años y medio después de que el grupo empresarial hubiera donado 80.000 euros al partido a finales de 2010 a través de dos fundaciones (CatDem y Fòrum Barcelona) investigadas por la financiación ilegal de la formación. El gerente de Convergència entonces era Germà Gordó, quien en 2013 había pasado a ser el consejero de Justicia. Este departamento era uno de los tres, junto a Salud y Bienestar Social, que debían autorizar la cesión, lo que la Generalitat hizo en 2014. SSR gestiona el hospital desde el 1 de junio de 2015.

La resolución con la que Justicia autorizó la operación, sin embargo, está basada en varios argumentos falsos, como una supuesta mala situación económica de la fundación o un mejor encaje a sus fines fundacionales.

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Sobre la firma

Oriol Güell

Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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