La presión urbana en la Comunidad multiplica por 10 la media de España

“La presión demográfica del medio considerado como urbano tiene una relevancia básica para el análisis y seguimiento de los factores ambientales vinculados al desarrollo urbanístico y la ordenación del territorio”. El marcador se consigue dividiendo la población que habita en núcleos urbanos (de más de 10.000 habitantes; por debajo se consideran rurales) por la superficie de la comunidad.

Al catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid Julio Vinuesa, ese indicador le parece “insuficiente”, hasta “burdo”, para reflejar una realidad tan compleja como la de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que es una de las regiones metropolitanas más densamente pobladas de Europa, que incluso se extiende más allá de sus límites administrativos hasta entrar en Toledo, Guadalajara y Segovia. A la vez cuenta con zonas casi despobladas en la sierra norte y grandes espacios naturales protegidos. Vinuesa está de acuerdo, sin embargo, con lo que sugiere ese indicador de presión urbana; es decir, que en la Comunidad de Madrid se ha construido mucho más de lo necesario.

Ya en 2006, un estudio europeo sobre el problema de la expansión urbana dedicaba un apartado a la Comunidad de Madrid. En él se explicaba cómo el crecimiento económico, mezclado con una “débil regulación de ordenación del territorio”, había propiciado un rapidísimo crecimiento urbano muy diseminado que había originado a su vez graves problemas de movilidad, de contaminación, de consumo de recursos, entre otros.

La huella ambiental

La Comunidad de Madrid ya tiene un gasto “de alimentos y materiales 20 veces superior a su biocapacidad”; es decir, a lo que su territorio puede producir, asegura el profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid Agustín Hernández Aja. Desde hace años, los especialistas vienen trabajando en otra serie de indicadores que reflejen la huella ambiental, poniendo en relación el consumo de recursos naturales de una población con lo que es capaz de producir el territorio en el que viven. En este caso, la Comunidad de Madrid también aparece en el primer puesto del ranking de déficit ecológico en un estudio publicado en 2007 por el Gobierno central. “Cuando se está en ese nivel límite, en algún sitio debería empezar a sonar alguna alarma”, insiste Hernández Aja.

La profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Baleares Aina Salom defiende la necesidad de introducir en las legislaciones urbanísticas y de ordenación del territorio el concepto de “capacidad de carga”. Se trataría de que toda decisión sobre crecimiento urbanístico tenga en cuenta, por ley, si el territorio puede soportar ese aumento, considerando indicadores geográficos, urbanísticos y ambientales.

La ley actual del suelo de la Comunidad de Madrid, vigente desde hace 15 años, ha sufrido múltiples modificaciones, con la consiguiente pérdida de “coherencia”, reconoce la Consejería de Medio Ambiente. “Se ha cambiado unas 100 veces”, concreta Rafael Gómez Montoya, parlamentario regional socialista. Los diputados iniciaron a finales del año pasado la redacción de un nuevo texto normativo con el objetivo de recoger la realidad del territorio.

Se crearon una mesa técnica y una política en la que participaron todos los grupos hasta que el PSOE y Podemos las abandonaron en octubre. La salida se debió a que Ciudadanos propuso derogar el artículo de edificabilidad que impide construir por encima de tres pisos más ático. La iniciativa cayó como un jarro de agua fría en los otros dos grupos de la oposición, que interpretaron que la pretendida reforma solo se había iniciado para modificar dicho artículo, con la carga urbanística que supondría su desaparición. “Nos sentimos expulsados”, puntualiza Montoya. Desde entonces, PP y Ciudadanos continuaron con las reuniones mensuales.

La situación dio un vuelco hace dos semanas. La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea votó a favor de iniciar una ponencia sobre la ley (los populares se posicionaron en contra), un paso que supone la vuelta a las negociaciones de socialistas y de la formación morada. A partir de sus conclusiones se elaborará un informe que se debatirá posteriormente en el pleno de la Asamblea, donde se aprobará la nueva norma.

Municipalismo en alza

El Gobierno aclara que la pretensión es adaptar la ley a las necesidades de cada municipio. No es lo mismo organizar Móstoles —el municipio más poblado tras la capital con 205.000 habitantes— que Lozoya, por ejemplo, con 647. En la región existen 179 municipios. Para ello, se dotará a la ley de técnicas más sencillas que las actuales, que posibiliten un futuro urbanístico sostenible. Se alejaría de los “nuevos grandes desarrollos” y se basaría en la “regeneración, rehabilitación y renovación urbana”.

La nueva planificación pretende dotar de mayores competencias a los municipios, sin olvidar la tutela jurídica de la Comunidad de Madrid. Aún así, Enrique Veloso, diputado de Ciudadanos piensa que sería necesario poner en marcha un plan de estrategia territorial que coordinara el crecimiento.