CDC ‘cedió’ un hospital público a una empresa que le donó 80.000 euros

El Gobierno de Artur Mas (CDC) autorizó en 2014 una operación sin precedentes en la sanidad pública española: la cesión a una empresa privada de una gran adjudicación de 500 millones para gestionar durante 30 años un hospital público que hasta entonces administraba una fundación. Aunque fundación y compañía están vinculadas al mismo grupo empresarial (Hestia), el caso tiene grandes implicaciones económicas porque supone transferir, sin pasar por concurso público, el macrocontrato desde una entidad sin ánimo de lucro (y que por ello parte con ventaja en las licitaciones) a una compañía que sí lo tiene. La Fundación Sociosanitaria de Barcelona (FSSB) había logrado entre 2007 y 2013 una media de 630.000 euros de resultados positivos, dinero que por ley estaba obligada a reinvertir en mejoras asistenciales. Tras la cesión, y hasta 2036, la compañía podrá dedicar esos resultados a engrosar sus beneficios.

La Generalitat autorizó la cesión después de que el grupo Hestia hubiera donado a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) 80.000 euros a finales de 2010, cuando Artur Mas encaraba las elecciones que le catapultaron a la presidencia de la Generalitat. El entonces gerente del partido, Germà Gordó, fue como consejero de Justicia el máximo responsable político de que la operación saliera adelante. Los pagos se realizaron a través de las dos fundaciones de CDC –Catdem y Fòrum Barcelona—investigadas por un juzgado de El Vendrell (Tarragona) por la financiación ilegal del partido.

La historia del caso se remonta al último año de gobierno de Jordi Pujol, en 2003, cuando la Generalitat adjudicó la construcción de un centro sociosanitario de 400 camas para enfermos crónicos y psiquiátricos, hoy llamado Hestia Duran i Reynals. El concurso establecía la “adjudicación preferente a entidades sin ánimo de lucro” y FSSB resultó ser la única entidad que se presentó. El contrato se firmó el 15 de diciembre de ese año, un día antes de que el socialista Pasqual Maragall sustituyera a Pujol al frente de la Generalitat. La adjudicación consistía en una concesión administrativa por la que FSSB tenía que invertir más de 15 millones de euros en rehabilitar una parte del complejo sanitario Duran i Reynals, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para instalar ahí el nuevo centro.

El hospital, tras tres años de obras, abrió en 2006, año en el que empezaron a contar los 30 años de contrato. FSSB, que recibía más de 16 millones de euros al año de la Generalitat, obtuvo unos buenos resultados económicos desde el primer ejercicio, con un excedente que fue creciendo desde 20.000 euros en 2007 hasta más de un millón en 2012 y 2013.

En abril de ese año, sin embargo, la fundación solicitó a la Generalitat desprenderse del contrato en favor de la empresa Clínica Secretario Coloma (hoy SSR Hestia). Según los documentos del expediente administrativo a los que ha accedido EL PAÍS, la entidad justificó el cambio por su deseo de “retornar a sus orígenes”, que según un portavoz de la empresa “era la tutela de pacientes psiquiátricos total o parcialmente inhabilitados judicialmente”. La memoria de las cuentas de FSSB en 1998, las primeras completas tras su constitución en noviembre de 1997, destaca entre los fines de la entidad “la asistencia sociosanitaria” y la “investigación”. La tutela de enfermos psiquiátricos, que también figura en el artículo 4 de los estatutos de la entidad, ni siquiera es mencionada en las cuentas.

La petición del grupo Hestia dio pie a un complejo proceso administrativo que duró más de un año y requirió una decena de informes de tres consejerías de la Generalitat: Salud, Bienestar Social y Justicia. Las dos primeras debían aprobar el cambio porque eran las que financiaban el centro sociosanitario. Justicia debía dar su autorización porque de ella depende el Protectorado de Fundaciones, el organismo que vela por el buen hacer de estas entidades en Cataluña.

La más importante de las tres era la de Justicia, ya que la operación suponía que FSSB se desprendiera de una actividad que le reportaba el 93% de los recursos que venía gestionando. Salud y Bienestar Social esperaron por ello a que la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas diera su autorización, en julio de 2014, para iniciar sus procedimientos.

La Resolución de Justicia aceptaba el plan presentado por Hestia, que preveía la íntegra transmisión de los activos y pasivos de FSSN relacionados con su actividad asistencial a la empresa Clínica Secretario Coloma. Entre los activos, destacaba el macrocontrato con la Generalitat. Entre los pasivos, la deuda financiera de 12 millones por las obras de reforma en el hospital, deuda que pagaba y sigue pagando el concierto con Salud.

Justicia aceptó también la propuesta de Hestia de que la empresa “compensara” a la fundación por el valor del contrato que le cedía. La cantidad fijada, también propuesta por la compañía, asciende a dos millones de euros. Esta cifra supone el 0,6% de los 330 millones de euros que Hestia percibirá por el contrato hasta 2036 y asciende a los resultados positivos obtenidos por FSSB solo en los dos ejercicios anteriores. SSR Hestia asumió finalmente la gestión del hospital el 1 de junio de 2015.

Pese a la magnitud del cambio, la Generalitat nunca lo hizo público. El caso no fue llevado al Consejo de Gobierno ni al Parlamento catalán y tampoco fue recogido por el Diario Oficial de la Generalitat, que sí había publicado en 2013 la solicitud de Hestia para modificar el contrato. El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) tampoco llevó el asunto a su Consejo de Dirección, en el que están representados sindicatos y asociaciones de pacientes.

Un portavoz de Hestia niega que la donación hecha a CDC en 2010 buscara conseguir un trato de favor de la Generalitat. Recuerda que pasaron más de dos años entre la contribución y la petición, e insiste en que la razón de todo fue el “interés de la fundación en centrarse en su actividad de tutela”. Las consejerías de Salud y Justicia, que hoy están en manos de ERC, afirman por su parte que los procesos administrativos cumplieron todos los trámites y no entran a valorar la decisión del anterior Gobierno.

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