'A veces es un disparate quitar sus derechos a un incapacitado'

El cine y la literatura muestran despiadados personajes capaces de las mayores infamias para demostrar la incapacidad mental de quienes piensan aprovecharse. Enfermos mentales, personas mayores y deficientes son en la vida real los tres grupos principales sobre los que se cierne esa y otras amenazas, explica Francisco Sardina (Madrid, 1951), abogado-economista, es presidente de la Fundación Manantial de Madrid, una de las pocas instituciones privadas sin ánimo de lucro que tutela a enfermos mentales. Sardina participó en el congreso sobre Tutela institucional: la protección del incapaz, que reunió en Bilbao recientemente a expertos jurídicos, universitarios y del campo social durante tres días.

Pregunta. ¿Tienen los incapacitados suficiente protección social y jurídica? ¿Cuál es la realidad?

Respuesta. La realidad es que hay una serie de personas con necesidades básicas y elementales y que, por unos y otros, la casa queda sin barrer. El tema es muy amplio porque hay personas mayores, personas con discapacidad psíquica, con enfermedad mental y es muy difícil acaparar tantos frentes. Sería un disparate decir que existe suficiente protección. Lo que sí se ve es una clara preocupación social. En la medida en que los políticos, no sé si para ganar votos o no, se preocupan, hay avances.

P. ¿Quiénes piden protección judicial? ¿Los que quieren la tutela o los supuestos incapacitados?

R. Hay un porcentaje importantísimo que, por un motivo u otro, no acude a los órganos judiciales para pedir esa protección. Es un paso dolorosísimo. Protección legal significa que pueden anularse los actos de una persona que pierde la capacidad de obrar de manera sólida. Pero también que desaprensivos puedan producir lesiones en su patrimonio.

P. ¿Cómo se pueden defender los incapacitados?

R. Existen mecanismos. El que conozca este tipo de situaciones no tiene más que dirigirse a la Fiscalía, que es un órgano muy activo. De todas formas, creo que son necesarias otras figuras legales que den protección jurídica o similar pero que no priven a la persona de su capacidad de obrar.

P. ¿Es adecuada la tutela de por vida? No siempre la incapacidad dura eternamente.

R. El juez o el tutor no tienen necesariamente que suplir la capacidad del incapacitado para el resto de su vida. Tiene que haber un punto intermedio. A veces, es un disparate que un juez prive a un incapacitado de sus derechos. La volutad de un enfermo mental no es nula, conserva su capacidad intelectual y sus conocimientos. Son necesarias reformas legales. Creo que deben crearse juzgados especializados con un procedimiento próximo a los incapacitados. La sociedad suple como puede una esfera que corresponde a la Administración de Justicia.