Empleada en Ciegsa la presidenta de víctimas del terrorismo de Covite

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La presidenta del Colectivo Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, lleva desde 2003 contratada como responsable jurídica en Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana Sociedad Anónima (Ciegsa). El Ejecutivo valenciano prepara ahora el cierre de la empresa pública, cuya actividad se ha visto muy cuestionada después de que la investigación del caso Taula haya desvelado que Ciegsa fue presuntamente la gran mina de la trama del 3% vinculada al PP de Valencia desarticulada en enero. Y que los cabecillas de la red cobraron comisiones por centenares de obras de colegios e institutos. Ordóñez asegura que no tuvo constancia ni sospecha de irregularidades.

La entrada en Ciegsa de la presidenta de Covite, hermana del concejal de San Sebastián del PP asesinado por ETA en 1995 Gregorio Ordóñez, se produjo en noviembre del año 2003, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat valenciana. Fuentes del Ejecutivo autonómico de aquella etapa aseguran que la llegada de Consuelo Ordóñez a la empresa pública se enmarcó en una iniciativa para acoger a personas amenazadas por la banda terrorista. Y que acciones similares se tomaron con otros perseguidos por ETA, tanto por parte de la Administración valenciana como de otros lugares de España, como Madrid y Andalucía.

"Eran años muy duros y colaboramos con los amenazados en la medida en que fue posible", explican las fuentes. También fue acogida por la Generalitat valenciana en aquella época la exconcejal socialista vasca Gotzone Mora, que llegó a ser directora general en uno de los Gobiernos de Camps, así como otras personas anónimas cuyas vidas corrían peligro.

"Después del asesinato de mi hermano venir a Valencia fue el peor momento de mi vida", asegura Ordóñez, "para mí era como aceptar que me habían vencido". La presidenta de Covite, cuyos padres se habían trasladado previamente a vivir a la ciudad —su madre nació en Terrateig, cerca de Gandia—, resume aquel momento como un "éxodo de exiliados forzosos".

Fundadora del movimiento ciudadano ¡Basta ya!, en los meses previos a su salida del País Vasco se la señaló en medios de la órbita de Batasuna y su casa fue atacada con cócteles molotov. Una escalada de violencia que la decidió a establecerse en Valencia.

En Ciegsa, la presidenta de Covite ha ocupado los cargos de jefa del servicio jurídico y de secretaria de la mesa de contratación. Ordóñez asegura que nunca sospechó de la gran maquinaria corrupta, con el presunto amaño de más de 600 obras de construcción y reforma en colegios e institutos, en que según la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil se convirtió la empresa pública valenciana.

"Siempre he sido muy escrupulosa. Nunca ha venido nadie de arriba a preguntarme por qué había excluido a una empresa. Y he dejado fuera a cualquiera que no cumpliera los requisitos", afirma. "Los chanchullos, si los hubo, no se harían aquí dentro", añade desde su puesto en Ciegsa.

Al comprobar el sueldo que le habían asignado, poco después de empezar a trabajar Ordóñez afirma que pidió que se lo bajaran "para cobrar lo mismo que cualquier otro que tuviera mi misma responsabilidad". El año pasado percibió 52.600 euros brutos, según datos de la empresa. La presidenta de Covite sabe que entre las acusaciones del caso Taula figura de la de que en Ciegsa y otras empresas públicas había personas en nómina que en realidad no aparecían por allí. Y subraya que nunca ha sido su caso. "El año pasado tuve ocho días de vacaciones para mí", señala, porque el tiempo que no estaba trabajando lo dedicaba a la actividad de Covite.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo fue muy crítico con la política antiterrorista del Gobierno socialista (2004-2011), pero también censuró después al Ejecutivo popular del PP que preside Mariano Rajoy.

Ciegsa, participada al 100% por la Generalitat valenciana, fue creada en el año 2000 con la finalidad de construir colegios e institutos sin las restricciones que se aplican a la Administración. Y de hecho durante años no se atuvo a la Ley de Contratos del Sector Público. En su etapa dorada llegó a tener un centenar de empleados, de los que quedan 30.

La investigación ha revelado que especialmente a partir de agosto de 2003, con la llegada de Máximo Caturla al cargo de consejero delegado, la empresa disparó los sobrecostes hasta rebasar los 1.000 millones de euros. El listado de obras de la empresa revela casos especialmente graves, como el centro de secundaria Alto Mijares en Montanejos (Castellón), donde el sobrecoste alcanzó el 226% del importe de adjudicación (2,6 millones de euros de más). O el instituto de Rafal (Alicante), en 2005, con un sobrecoste del 122%, 3,8 millones de euros más de lo adjudicado.