El Parlament destituye al jefe de Antifraude, Daniel de Alfonso
El PP se queda solo en su defensa y niega la negligencia
El Pleno del Parlament ha aprobado esta mañana la revocación del cargo del director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, por reunirse en octubre de 2014 con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y planificar diversas actuaciones contra líderes independentistas y sus familiares.
La destitución ha contado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, al considerar que De Alfonso cometió una "negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo", una causa prevista en la ley que regula la Oficina.
Ningún partido cuestiona un órgano poco eficaz y caro
Ninguno de los seis partidos con representación en el Parlament cuestionó ayer la continuidad de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), un organismo creado en 2008 y que desde la muerte de su primer director, David Martínez Madero, se ha demostrado poco eficaz. La cifra que lo avala son las 25 denuncias que la OAC remitió a la fiscalía entre 2011 y 2015, de las que 19 fueron rechazadas a la primera por falta de indicios.
La OAC depende del Parlament, pero su director se designa a propuesta del Gobierno catalán. Varios partidos insistieron ayer en reclamar celeridad a Carles Puigdemont para proponer un nombre y evitar que se prolongue la provisionalidad de la directora adjunta, Maite Masià, que ahora pasa a dirigir la Oficina. Masià fue durante un tiempo alto cargo de la Generalitat y aparece en las conversaciones del caso ITV que acabaron con la carrera política de Oriol Pujol.
El consenso político que generó De Alfonso es difícil que se vuelva a repetir por lo que, en el actual panorama político catalán, no se descarta que Junts pel Sí y la CUP pacten un nombre y lo lleven a la próxima sesión del Parlament, dentro de dos semanas, en un gesto para rehacer la unidad resquebrajada.
La exdiputada de ERC Gemma Calvet, que ocupa un cargo similar en el Área Metropolitana de Barcelona y fue designada por Ada Colau, se está postulando ya. Para designar al director en segunda votación se requieren 68 votos. Los independentistas tienen 72.
El presupuesto de Antifraude para este año es de 4,4 millones, mucho más de lo que De Alfonso cobrará como juez. La oficina ocupa un flamante edificio en el centro de Barcelona y emplea a 56 personas. Entre ellos, técnicos especializados en contabilidad de los que carece la fiscalía.
La revocación del director de Antifraude requería el apoyo de tres quintas partes de la cámara (81) en primera votación, una exigencia que se ha superado con creces. La destitución ha contado con el voto favorable de 121 diputados de Junts pel Sí, Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y la CUP, mientras que los 11 del PP se han opuesto. El final de la votación ha ido seguida de una fuerte ovación de los diputados, un hecho poco habitual tras un acuerdo parlamentario
En el debate previo a la votación, los portavoces parlamentarios han coincidido en criticar con gran dureza la actuación de Fernández Díaz, así como la de Daniel De Alfonso, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona en excedencia que ahora regresará a su destino, como presidente de la Sección Séptima.
Carlos Carrizosa (Ciudadanos) ha calificado las conversaciones de lo que es un ejemplo del "sistema chapucero que hay en España y que tendremos que limpiar" y ha asegurado que este episodio "ha dado alas" a los independentistas, porque Antifraude no les perseguía por corruptos, sino por ser rivales políticos del ministro del Interior.
Ferran Pedret (PSC) ha coincidido con Carrizosa en que ni el ministro ni el jefe de Antifraude han negado la existencia de las conversaciones y que la posible nulidad de su obtención solo servirá para exculparle de su responsabilidad penal. "Se refugia en la calumnia y en la insidia, que levante todas las alfombras que quiera y que explique porqué no lo ha hecho antes", le ha espetado el diputado socialista a De Alfonso, al que ha definido como "un cruzado de brillante armadura que solo lleva arrapada a la piel la ignominia, como la tiña".
El PSC se querelló este martes contra De Alfonso por calumnias y esta mañana lo ha denunciado ante la Fiscalía el grupo parlamentario de Catalunya sí que es Pot, como el pasado viernes lo hizo Esquerra Republicana. "Es un escándalo político de dimensiones mayúsculas que en otro país hubiera hecho caer al ministro y al Gobierno", ha dicho el diputado Lluís Rabell, que ha calificado de "mafioso" a De Alfonso.
Marta Rovira (Junts pel Sí) ha explicado que el máximo responsable de Antifraude actuó sin objetividad ni independencia en su mandato, porque recibió indicaciones del ministro para perseguir a los independentistas. En su opinión, el problema no es la OAC, sino un presidente del Gobierno y un ministro que utilizan esta institución para hacer "corrupción y fraude político".
Santi Rodríguez, diputado del PP ha considerado que el Parlament estaba confirmando una sentencia "que algunos ya tenían escrita desde hace tiempo". En esa línea ha recordado que Artur Mas aseguró que De Alfonso "no era uno de los nuestros" y ha asegurado que el verdadero escándalo era que se grabasen de manera ilegal unas conversaciones en el despacho del ministro del Interior.
Por su parte, Benet Salellas (CUP) ha lamentado en la sesión de control al Gobierno que "los Mossos d'Esquadra no hayan detenido todavía a De Alfonso" , a quien ha calificado de "impostor y pura cloaca". Del mismo modo ha reprochado al Gobierno catalán que "todavía" no le haya denunciado en la fiscalía y ha pedido que no vuelva a ejercer "nunca más de juez". El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le ha pedido que "no ponga en el mismo saco a los culpables y a los que somos víctimas de las cloacas del Estado".
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