El dilema de Santi Vila

Una de las primeras cosas que Santi Vila hizo en enero tras tomar posesión del cargo como consejero de Cultura fue ponerse en contacto con su homóloga aragonesa Mayte Pérez para abordar el conflicto sobre 97 obras del Monasterio de Santa María de Sijena que se conservan en el Museo de Lleida y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que Aragón reclama. Quería solucionar el conflicto que los anteriores consejeros no habían podido. Seis meses después este asunto se ha convertido en el más espinoso que tiene sobre la mesa el consejero.

Tras fracasar su intento de solucionar el conflicto de forma política, por el bloqueo personal del vicepresidente Oriol Junqueras de ERC, que impidió, in extremis, la firma de un convenio con Aragón en el que Cataluña se comprometía a devolver las piezas de forma pacífica. Ahora, todo pasa por el día 25 de julio; fecha tope para devolver las 97 obras tras ordenarlo una jueza de Huesca que también determinó que la compraventa de las obras realizadas entre 1983 y 1994 era nula. Si el 25 de julio no se entregan, la policía puede llamar a la puerta del MNAC y el Museo de Lleida para llevarse las obras por la fuerza.

Haga lo que haga Vila le acabará pasando factura: Si entrega las obras incumplirá el Estatut y las leyes de patrimonio y de museos catalanas, ya que las piezas forman parte del catálogo de patrimonio cultural catalán, por lo que la Generalitat ha de velar por la conservación de este patrimonio. Si no las entrega, se expone a que la juez pueda llegar a inhabilitarlo, además de llevarse las obras por la fuerza.

Ayer, el consejero Vila se comprometió ante los representantes de la Plataforma de Entidades Culturales de Lleida —tras el acto en el que reunió a un centenar de personas en el MNAC que leyeron el Manifiesto en defensa de la unidad de las colecciones del MNAC y el Museo de Lleida que ha conseguido hasta ahora la adhesión de más de 450 personas y 75 colectivos y entidades—, que no entregaría las obras. “Nos ha trasladado su compromiso de no hacerlo si no prosperan los recursos contra la ejecución, asumiendo esta decisión hasta sus últimas consecuencias, incluso de algún tipo de causa contra él”, explicó Xavier Quinquillà, director de la Fundación Orfeó Lleidata y portavoz de la plataforma que pide a la Generalitat “que se activen todos los mecanismos legales y administrativos para defender las colecciones”. Según Quinquillà, el consejero ha suscrito plenamente el manifiesto y la acción de la plataforma que se presentó el 8 de junio. “Estamos satisfechos porque la Generalitat ha dejado clara su postura”, remachó Quinquillà, seguro de que las acciones de la plataforma han dado su fruto.

Desde la consejería, tras corroborar la plena sintonía con las reclamaciones y con el contenido del manifiesto, matizan, sin embargo, el resultado de la reunión. “Llegaremos hasta el final para evitar el traslado, tenemos un mes por delante para encontrar una solución, ya que se están buscando fórmulas jurídicas legales a partir de la certeza de que la ley catalana tiene que prevalecer. Hay todavía margen y recorrido para frenar la entrega, pero si del consejero dependiera las obras no se van a devolver”.

De todas formas, el consejero Vila, que en abril se veía capacitado para resolver el conflicto, ahora acaba pasando esta patata caliente a todo el gobierno catalán: “La decisión de entrega no le corresponde a él; la ha de tomar todo el Govern, porque afecta a varios departamentos, ya que para trasladar las obras se tienen que desafectar y eso lo ha de hacer un departamento como el de Economía”, remachan fuentes del Departamento, tras constatar que la vía política que se rompió ante la negativa de ERC “está totalmente acabada”.

Ayer, el Ayuntamiento de Sijena aprobó también un manifiesto exigiendo el cumplimiento de la orden judicial. El Manifiesto por la verdad y la restitución del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena pide a la Generalitat que “respete, acate y cumpla la sentencia sin perjuicio de los recursos que estimen oportuno interponer”. En cuanto a la unidad de las colecciones que se esgrime desde Cataluña, el manifiesto asegura que carece de “eficacia jurídica al estar conformadas con piezas ajenas”.