Los grupos de la oposición acuerdan trasladar a la Fiscalía la gestión de la Ciudad de la Justicia

Despilfarro, delirios de grandeza, falta de control y profesionalidad o caos en la organización, son algunos de los calificativos que han dirigido los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) a la gestión que se llevó a cabo en el Campus de la Justicia. En 2004 el Gobierno regional decidió reunir en 400.000 metros cuadrados situados en Valdebebas las numerosas y dispersas sedes judiciales de Madrid. Más de una década después, de los 14 edificios previstos solo se ha construido la sede del Instituto de Medicina Legal (conocido como el Donut), que permanece cerrada a cal y canto y cuya seguridad cuesta 143.000 euros al año, según apuntó la diputada Susana Solis, de Ciudadanos. Cuando se cerró, la sociedad pública constituida dejó un patrimonio neto de 25 millones, del total de 130 que le inyectó la Comunidad de Madrid. La comisión de la deuda investigó dónde acabaron los 105 restantes.

Los diputados se quejaron de la falta de colaboración del Gobierno regional para obtener la información necesaria, que se encontraba en más de 300 cajas, sin ningún orden ni soporte informático, y distribuida en una superficie de 100 metros lineales.

A pesar de ello, los diputados lograron rescatar documentación suficiente para decidir que con los datos reunidos podían existir responsabilidades en la gestión. El siguiente paso, a propuesta del grupo socialista, será englobar en un informe los documentos y ponerlos en manos de la Fiscalía. Los diputados recordaron ayer, por ejemplo, el gasto de 1,5 millones de euros en la colocación de la primera piedra de la macrociudad o los numerosos viajes a diferentes países y ciudades para publicitar el campus judicial.

Los diputados tildaron el proyecto, en el que no se escatimaron gastos para contratar a los mejores arquitectos, de “megalómano”. Es el caso del reconocido Norman Foster, al que se le abonaron 10,6 millones de euros del total de 13 que exigió por diseñar dos edificios, de los que ninguno se levantó.

Espiral de gastos

Dentro de esa espiral de gastos ascendente, la representante del PSOE, Mercedes Gallizo, destacó la irrealidad del proyecto “con diseños de edificios redondos poco eficientes y que aumentan los costes”, o que se contratara para lo mismo a varios profesionales. Otra de las cuestiones relevantes, en su opinión, fue encargar a KPMG las auditorías de la empresa y al mismo tiempo otros trabajos, “lo que contaminaba su función de fiscalización”.

Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos, señaló la realización de vídeos promocionales por 900.000 euros o vídeos de maquetas virtuales por 206.000. “Cifras desorbitadas en el mercado de referencia”, puntualizó. También se refirió a la contratación de la empresa de seguridad Segur Iber “relacionada con la trama Gürtel”. “Hubo hasta tres directores de seguridad y no existían esas necesidades”, indicó en la sesión de ayer.

El representante popular en la comisión, Juan Antonio Gómez-Angulo, rechazó la implicación del actual gobierno de la Comunidad de Madrid capitaneado por Cristina Cifuentes en el fiasco de la Ciudad de la Justicia. “La responsabilidad que hubiera es de otra época, en otra legislatura”, ha declarado. En su opinión, la comisión debería continuar y llamar a declarar a Isabelino Baños, directora técnica de la empresa, debido a las relaciones que se le atribuyeron en el caso.

La socialista Gallizo indicó que el trabajo “inmediatamente anterior” de Baños había sido la defensa de los intereses de la Junta de Compensación de Valdebebas en la negociación con el Campus de la Justicia y con la promotora inmobiliaria Bovis Lend Lease, “a la que acabaría contratando después en Campus de la Justicia”.