Un formalismo hace encallar el ‘caso Palau’ y aleja el juicio a Millet

El caso Palau ha embarrancado, de nuevo, por cuestiones formales. Cuando ya todo estaba listo para enviar a juicio el expolio del Palau de la Música y la financiación irregular de Convergència —solo había que poner fecha—, una serie de trámites procesales amenazan con alejar aún más el horizonte de ver a Fèlix Millet sentado en el banquillo. A raíz de la elevada petición de cárcel de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), una de las defensas ha pedido al juez que modifique el procedimiento empleado para enjuiciar a los saqueadores confesos de la institución musical.

El pecado original de esta nueva paralización se encuentra en el escrito de acusación de la FAVB. Los vecinos piden 37 años de cárcel para Millet y 25 para quien fue su mano derecha en el Palau, Jordi Montull. En el caso de Millet, la pena solicitada por uno de los delitos (malversación) es de diez años y ocho meses. La ley procesal señala que los delitos castigados con penas superiores a nueve años deben juzgarse por el procedimiento del sumario. El caso Palau, sin embargo, se ha tramitado por el procedimiento abreviado.

El abogado del exasesor legal del Palau, Santiago Llopart (uno de los 16 acusados) advirtió esa contradicción. “La causa debe adecuarse al procedimiento del sumario, con el fin de no ocasionar indefensión material a las partes”, escribió al juzgado instructor. Ante esa petición, se abren varios escenarios, según fuentes del caso. Uno, que el juez anule el auto por el que cerró la instrucción y dicte uno nuevo. El otro, que lo mantenga y siga adelante, con el riesgo de que las defensas aleguen esa circunstancia a su favor en el juicio. La acusación popular, señalan las mismas fuentes, podría modificar sus conclusiones y rebajar la pena por malversación.

El formalismo procesal provoca, en cualquier caso, un nuevo retraso, al que se suma otra circunstancia: las empresas usadas para pagar comisiones a CDC entraron en concurso de acreedores y se les tiene que designar un abogado de oficio para que presenten sus escritos de defensa, ya que figuran como responsables civiles en la causa. “Si en algún momento pensábamos que iba a celebrarse el juicio en 2017, ahora no va a ser posible”, señalan esas fuentes.

El caso Palau estalló en julio de 2009, cuando los Mossos registraron el coliseo modernista. En 2013, cuatro años más tarde, la investigación ya había concluido: según el juez y el fiscal, Millet y Montull se apropiaron de 30 millones del Palau, mientras que Convergència recibió 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en el último gobierno de Jordi Pujol.

La FAVB, sin embargo, pidió entonces que se imputara a nueve empresarios que habían cobrado del Palau pese a trabajar para Millet. Esa petición, junto a los recursos de las defensas y la tardanza de la Audiencia en resolverlos, retrasaron el auto de apertura de juicio hasta el pasado marzo.