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Andalucía considera arbitrario el requerimiento de Educación por la prueba de Primaria

La consejera del ramo defiende la legalidad en la evaluación continua para el alumnado de sexto

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, este martes en sesión parlamentaria.
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, este martes en sesión parlamentaria.

"Apostamos por una evaluación continua, global y orientadora", ha declarado la consejera de Educación en Andalucía, Adelaida de la Calle, durante la sesión de pleno parlamentario de este miércoles respecto a la evaluación final de 6º de primaria, que Andalucía aplica con una interpretación de la normativa estatal. Defiende esta posición después de que la Alta Inspección haya enviado un apercibimiento a la comunidad por no ajustarse a ley solicitando que se modifique su aplicación, un requerimiento que ha sido remitido también a Cataluña, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Es una solicitud que, según la consejera, ha sido emitida de forma arbitraria respecto a otras comunidades.

"Ni en Galicia ni en Castilla y León se ha hecho evaluación externa (como detalla la norma), se ha hecho con profesores de los mismos centros, y en Madrid han contratado a una empresa para el asesoramiento y evaluación de las pruebas que ha costado 330.000 euros (...). Para el ministro deben de existir pecados mortales y veniales, porque el tratamiento a unas comunidades autónomas y a otras que hacen interpretaciones no literales de la propia ley es diferente. Pido que nos traten igual, de la misma manera", ha reclamado la consejera en el pleno.

De la Calle, que ha asegurado en reiteradas ocasiones que la interpretación andaluza no cae en la insumisión, ha detallado que en mayo la Alta Inspección les solicitó información sobre la aplicación de las instrucciones en Andalucía. "Se nos reclamó un informe, se le da detallado y pormenorizado, explicativo de cada una de las fases en las que desarrollamos la evaluación y de cómo entramos dentro de toda legalidad. Unas conclusiones que el ministerio ni ha leído", ha asegurado la consejera.

Alude a una falta de atención del ministerio respecto al informe andaluz porque el requerimiento de irregularidad sobre la norma en Andalucía fue emitido antes de que llegara a la Alta Inspección el texto detallado de su aplicación, según aseguran fuentes de Educación en Andalucía. "No lo entiendo. Por qué la Alta Inspección no es escuchada por parte del Ministerio y previamente, sin ni siquiera escuchar esa información que nos pidieron, nos manda otro apercibimiento?", se ha preguntado De la Calle, que ha utilizado un argumentario pedagógico y logístico frente a la que considera una "reválida segregadora" diseñada por el Gobierno central.

Entre otras cuestiones, durante la sesión, los distintos diputados de la oposición han achacado debilidad en las instrucciones facilitadas por la Consejería, una burocracia extraordinaria para el profesorado, o el cumplimiento de exhaustivo de la ley. La consejera ha detallado que el resultado de esta evaluación llegará a las familias a través de un documento denominado Informe final de etapa sin que signifique ninguna burocracia adicional al trabajo de los docentes.

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