Educación requiere a siete comunidades por no ajustarse a la normativa de la prueba de Primaria

Los requerimientos llegaron la semana pasada a Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares, según un portavoz oficial del ministerio. La Alta Inspección educativa entiende que la regulación autonómica de la evaluación final de primaria en todos estos casos no se ajusta a la normativa estatal.

Las ocho comunidades gobernadas por el PSOE —Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana— anunciaron ya en mayo que dejarían en manos de los profesores hacer o no un examen específico a los alumnos o elaborar solo un informe basado en los resultados de los estudiantes a lo largo del curso. Asturias barajó el 15 de junio como fecha posible para un examen opcional.

Andalucía, Aragón y Baleares aseguraron que no lo enviarían. Los alumnos catalanes sí pasaron un examen que medía las competencias en lengua y matemáticas, como recoge la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Pero quedó fuera la correspondiente a de ciencia y tecnología. Desde el ministerio señalan que, si el requerimiento continúa, los alumnos tendrían que examinarse de la parte que le falta.

Un portavoz del ministerio señaló que se mandaron además “cartas de demanda de información” a Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco, porque aún no han aprobado su normativa propia para esta prueba. La inspección les pedía que expliquen si lo van a hacer y cómo. Asturias y Castilla-La Mancha respondieron que la harán en junio. País Vasco, que la aplaza al curso que viene.

Esa evaluación es obligatoria para todos los alumnos de sexto de primaria desde este curso, como fija la LOMCE, aunque no tiene efectos académicos como sí ocurre con las reválidas de secundaria y bachillerato, que deben aplicarse el curso que viene.

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ya dio un aviso. En la última conferencia sectorial, celebrada en mayo, señaló que las comunidades que no cumplieran con la prueba podían acabar en los tribunales. “Iríamos a un contencioso-administrativo con aquellas autonomías, en su caso, que no han cumplido (...), pero no quiero llegar a esa situación”, advirtió. Tras reunirse con los consejeros, enfatizó que las leyes “no son el menú a la carta de un restaurante” ni hay “atajos para cumplirlas”. “No me gustaría que hubiera unas comunidades que la hagan correctamente [la evaluación de sexto de primaria] y otras que no”, argumentó entonces.

En aquella reunión, Méndez de Vigo enumeró los criterios básicos que las regiones debían cumplir para no saltarse la ley. Son las comunidades las que deben elaborar las pruebas, “no los centros ni nadie más”, con cuestionarios específicos para conocer el contexto socioeconómico de las familias e informes elaborados por la Administración. Añadió que los responsables “últimos” de ese examen deben ser profesores externos “sin perjuicio de la colaboración de los docentes del centro”.

La Alta Inspección también ha enviado “cartas de colaboración” a Canarias y Navarra al detectar algún “desajuste menor”.