Educación llevará a los tribunales a las regiones que no hagan la prueba de primaria

Doce regiones han manifestado en las últimas semanas que no piensan realizar la prueba externa de sexto de primaria como dice la ley. El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido este vienes que la inspección educativa “vigilará el cumplimiento” que hagan de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y, si detecta irregularidades, la comunidades insumisas podrá acabar en los tribunales. “Si la inspección lo determinara, iríamos a un contencioso administrativo con aquellas comunidades que no han cumplido”, según señaló al término de la conferencia sectorial, la reunión del ministerio con las comunidades autónomas celebrada este viernes.

El ministro defendió que no querría “llegar a esa situación” porque sería “un flaco servicio a las familias, al alumnado y a los centros”. “Las leyes no son el menú a la carta de un restaurante”, añadió tras recordar que estos exámenes “tienen un carácter diagnóstico, no dan un título ni sirven para pasar a secundaria”.

Las ocho comunidades con gobierno socialista —Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana — prevén realizar una evaluación a sus alumnos de primaria con sus propios maestros y no con evaluadores externos. Y han dejado en manos de los centros y los profesores que hagan o no un examen específico a los alumnos o elaboren solo un informe basado en los resultados de los estudiantes a lo largo del curso. Asturias, por ejemplo, prevé el 15 de junio como fecha posible para un examen opcional. Andalucía, Aragón o Baleares han señalado que no lo enviarán.

El ministro enumeró los criterios básicos que las regiones deben cumplir. Son las comunidades las que deben elaborar las pruebas, “no los centros ni nadie más”, con cuestionarios específicos para conocer el contexto socioeconómico de las familias e informes elaborados por la Administración. Añadió que los responsables “últimos” de ese examen deben ser profesores externos “sin perjuicio de la colaboración de los docentes del centro”.

Además de las ocho del PSOE, País Vasco no hará la prueba y Cataluña aplicó un examen propio ajeno a la LOMCE, como el que anuncian que harán Canarias y Navarra. Dos de las regiones gobenadas por el PP, Castilla y León y Galicia, admitieron además que no las han realizados con profesores externos como señala el decreto que regula las pruebas, aprobado en noviembre. El consejero castellano leonés, Fernando Rey explicó que la suya "es una comunidad muy amplia y rural y era un problema". "Lo han hecho profesores del mismo centro pero no han corregido a sus alumnos. Hemos mantenido el espíritu de la norma y hemos evitado una complicación logística", añadió. El consejero gallego, Román Rodríguez, admitió también que era profesorado interno de cada centro cuyo trabajo será evaluado “posteriormente por una comisión externa”.

Las reválidas no se aplazan

Otro de los principales puntos del orden del día de la reunión era el proyecto de real decreto de reválidas de secundaria y bachillerato, previstas para el curso que viene. Doce regiones –todas menos las cinco gobernadas por el PP- han reclamado su paralización.

Los socialistas consideran que son pruebas que “conducen a la exclusión", según la consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, porque los alumnos tendrán que aprobarlas para poder seguir estudiando. "Una cosa es evaluar el sistema y el nivel de competencias básicas y ayudar a un centro a mejorar y otras es que esas reválidas condicionen hasta el título de una enseñanza que es obligatoria", añade Meritxell Ruiz, consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña. La consejera vasca, Cristina Uriarte, reclamó que “se abra una reflexión” porque considera que "no existe urgencia" para dar luz verde al decreto.

Las reválidas comienzan a aplicarse el curso que viene pero en la primera convocatoria no tendrán valor académico al considerarse una prueba piloto, aunque la nota final del examen de bachillerato servirá como nota de acceso a la universidad, ya que la prueba de acceso de  Selectividad se elimina el próximo curso. “Tenemos un gobierno en funciones y unas elecciones el 26 de junio”, añadió Uriarte. El ministro rechazó aplazar su aplicación: "No la puedo retirar porque tengo que cumplir la ley y tampoco quiero porque creo que es útil", señaló Méndez de Vigo tras recordar que la prueba de bachillerato se ha diseñado con la ayuda de la conferencia de rectores.