Síntomas de descomposición

Incluso si los resultados de las inminentes elecciones generales son equiparables a los de las anteriores, es de esperar que en las propensiones del electorado haya algunas transferencias o deslizamientos de votos indicativos de nuevos estados de opinión y giros de percepción social. Que sean transitorios o permanentes dependerá de la calidad política del nuevo gobierno. A la espera de los resultados en toda España, parece que en Cataluña ya se han producido derivas y naufragios. Serán constatables el 26 de junio pero por ahora se han escenificado en las calles de Gràcia, en la desintegración de Convergència, en los desequilibrios tan arriesgados del poder municipal con respaldo minoritario, la no-política de la Generalitat y el amplio desconcierto de los sectores sociales hasta ahora más identificados con el deseo de estabilidad. El olvido ha asumido la ya peculiar identidad de Junts pel Sí.

La implosión convergente ha sobrepasado las expectativas de sus enemigos políticos. Los moderados históricos abandonan la nave y la presencia en el Congreso de los Diputados no parece que vaya a ser cooperativa a la hora de garantizar la gobernabilidad de España. En realidad, incluso en el caso de que se lo propusiera, ¿cómo podría Convergència intervenir en la política española si ni tan siquiera interviene de modo efectivo y real en la política catalana? Queda ahí un amplio espacio cuyo voto probablemente será más disperso que nunca y sobre todo con mayor relevancia de nuevos agentes políticos. En algún caso como es Ciutadans, su presencia en auge —por contraste con su ausencia mediática— va a seguir incomodando al nacionalismo obsoleto. Mientras tanto, la ERC de Oriol Junqueras pretende ocupar la centralidad aunque sus instintos históricos estén más bien vinculados con la inestabilidad como vocación. En paralelo, la CUP busca imponer sus criterios presupuestarios.

Por herencia de viejas tendencias totalitarias, a veces no se tiene en cuenta que las instituciones demo-liberales en realidad se construyen para que las sociedades puedan defenderse de sus propios errores, de la falibilidad humana. Por contraste se diría que en la Cataluña de hoy, las instituciones públicas —municipales o autonómicas— existen para auspiciar el error político, de un modo muy deliberado como lo demuestra todos los días la manipulación de TV3 y Catalunya Ràdio. El deterioro del pluralismo transcurre entre la indiferencia y la impotencia, con síntomas agudos de dejación institucional y maltrato del sistema de opinión pública.

Al considerar los nuevos populismos se advierte que ciertos elementos de su lenguaje proceden de la izquierda que se vio desahuciada con la caída del muro de Berlín y que se refería a una democracia real por contraste con la democracia formal, del mismo modo que el Estado de Derecho pasa a segundo plano porque la pulsión política populista cuenta más que la ley.

Mientras, tanta contradicción desfavorece la acción preventiva y uso de la coerción legítima por parte de la policía municipal o los Mossos de Esquadra. El anarquismo italiano residente en Gràcia, por ejemplo, lleva tiempo aplicando sus métodos de acción violenta, como mínimo desde la cumbre comunitaria de 2002 en Barcelona, cuando las manifestaciones fueron instrumentadas por el activismo radical, poniendo en práctica entre otras cosas el uso operativo del teléfono móvil. Ahora aparecen informaciones sobre pagos de alquiler de edificios ocupados con dinero público para amortiguar el desgaste electoral de Convergència desde el aberrante sobreentendido de que cuenta más contentar a los okupas que la tranquilidad de los ciudadanos. Eso pone el riesgo tanto ir libremente por la calle o el derecho a la propiedad como el uso cotidiano de los cajeros automáticos y los contenedores de basura.

A pesar de sus proclamas ecologistas, el populismo radical pretende acabar con el hábitat normativo que necesita toda sociedad libre. Lo anómalo, aunque no inesperado, es que este ayuntamiento y también el anterior desestimen de modo tan acusado un mínimo hábitat normativo. Para dirimir conflictos la solución no es agasajar a quien genera el conflicto, pero es eso lo que se hace en Barcelona, por lo que está resultando rentable ser conflictivo más allá de la legalidad. Hacer política de verdad se basa en la transacción pero no en ceder ante la presión ajena a la ley. Entre la no-política y la antipolítica, la crisis de autoridad en Barcelona está yendo más allá del orden simbólico y alcanza rasgos de vacío de poder.