La sucesión de escándalos deja en evidencia la gestión del Canal en América

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Tras la sucesión de escándalos relacionados con la gestión del Canal de Isabel II en América, a través de una veintena de empresas filiales, los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han exigido hoy en bloque al Gobierno de Cristina Cifuentes que aclare la realidad de los trabajos y las asociaciones de “una red tejida durante años” que se encuentra en “situación insostenible”, en palabras de la socialista Mercedes Gallizo, autora de la interpelación que ha desencadenado el debate. El consejero de Presidencia y Justicia y actual presidente del Canal, Ángel Garrido, ha salido al paso asegurando que llevará a la fiscalía presuntas irregularidades detectadas en la compra de una empresa brasileña en 2013; cuestiones “indiciarias de anomalías”, las ha llamado.

Garrido se ha defendido de los duros ataques de la oposición acudiendo constantemente a la estrategia del y tú más y recordando que Rafael Prieto, el nuevo director general del Canal, nombrado hace escasamente un mes, tiene la misión expresa de elaborar un nuevo plan estratégico y “abrir un proceso de reflexión” sobre las actividades de la empresa pública en Latinoamérica, desmarcándose de alguna manera de las actividades encabezadas por sus predecesores en el Gobierno regional, empezando por el expresidente Ignacio González. De ese modo, e insistiendo en que el Ejecutivo regional actúa “con total contundencia” cuando tiene conocimiento de irregularidades, Garrido ha evitado bajar a lo concreto de las acusaciones.

Estas han procedido sobre todo de Mercedes Gallizo, que ha hecho un repaso a la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino como presidente de Inassa (la empresa que gestiona el resto de compañías del Canal en Latinoamérica), porque dirigía tres empresas en paraísos fiscales; la participación en firmas dedicadas al cobro de impuestos; la relación del gerente una filial colombiana con una firma offshore de las islas Vírgenes; o la noticia publicada hoy en ElConfidencial.com que asegura que el socio de otra filial colombiana está siendo investigado por vínculos con los paramilitares.

También ha hablado Gallizo del caso que el Gobierno de Cifuentes llevará a la fiscalía. Se trata de la compra 2013 de Emissao Engenharia e Construçoes por 21 millones de euros, una compañía brasileña que un año después apenas valía cinco. Esa compra se hizo a través de una empresa instrumental uruguaya, filial de otras del Canal, llamada Soluciones Andinas de Agua y contaba entre sus socios con una firma offshore de Panamá (Yavango) vinculada a Ignasi Maestre, abogado presuntamente vinculado a futbolistas investigados por fraude fiscal. En ese contexto, los pagos para comprar Emissao se hicieron a través de unos pagos que pasaron por cuentas en bancos suizos, según le explicó el director gerente Canal al Elconfidencial.com.

Garrido no ha dicho nada durante su comparecencia sobre estas informaciones. Tampoco ha contestado a Gallizo si el gerente de la filial Colombia Triple A, con empresas en las islas Vírgenes, sigue en su puesto ni sobre su petición para que dimita María Fernanda Richmond, responsable de las finanzas del Canal desde 2012. La socialista ha admitido que la telaraña de empresas e intereses tejidas durante años viene de anteriores Gobiernos, pero ha echado en cara al actual, dirigido por Cristina Cifuentes, que no haga una exhaustiva criba de los numerosos indicios de irregularidades en lugar de negarle información y de ir actuando únicamente al compás de las denuncias de la oposición y las noticias en los medios.

Que se “levanten las alfombras”

De lo que se trata, según Francisco Lara, de Ciudadanos, es de que el Gobierno no "domina las estructuras del Canal en América”, por lo que les ha reclamado que “levanten las alfombras” de esas “estructuras paralelas”. Lo que no acepta, ha añadido coincidiendo con el resto de la oposición, es justificar la presencia de la empresa madrileña en aquellos países únicamente por motivos económicos (las filiales americanas han reportado unos ingresos de 61 millones desde 2002).

“Así, y con esos socios corruptos no queremos estar en Latinoamérica”, ha dicho Eduardo Gutiérrez, de Podemos. Porque los escándalos están “pulverizando el prestigio de todos los madrileños y de los trabajadores del Canal” por ir de la mano “con los socios más corruptos y más impresentables” que se podían encontrar, ha añadido. Gutiérrez ha recordado, asimismo, que Cifuentes estaba sentada en el Consejo de Administración del Canal en 2013, cuando se produjo la compra de Emissao. 

Antes de afear el uso de palabras como “corruptos” e “impresentables” y volviendo a echar mano de acusaciones a Podemos (por sus presuntos vínculos con la Venezuela de Maduro) y al PSOE por los casos de corrupción en Andalucía, Garrido se ha vuelto a defender: “No nos pueden pedir que seamos adivinos ni que sepamos lo que ocurre a nuestras espaldas”. Aunque ha terminado admitiendo la existencia de “borrones muy negros” que tendrán “que corregir”.