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Carmena cambia a la interventora para reforzar el control anticorrupción

El Ayuntamiento solicita un informe preceptivo pero no vinculante al Ministerio de Hacienda, que retrasa su envío alegando problemas administrativos

El Ayuntamiento de la capital, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha iniciado el procedimiento para cambiar a la interventora general dentro de su “apuesta firme por el reforzamiento de los sistemas de control interno de la actividad municipal”, según una carta enviada por el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, al Ministerio de Hacienda el pasado 12 de mayo a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los concejales Rita Maestre y Carlos Sánchez Mato, en el pasado pleno de mayo. Ampliar foto
Los concejales Rita Maestre y Carlos Sánchez Mato, en el pasado pleno de mayo. EFE

Este proceso se enmarca dentro de la apertura de una comisión de investigación para analizar la gestión de los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, Partido Popular) y Ana Botella (2012-2015). Precisamente el Partido Popular ha cuestionado esta iniciativa, alegando que todas las decisiones adoptadas por los anteriores gobiernos municipales ya fueron analizadas y validadas por la interventora general. Ahora, el nuevo gobierno municipal cambia a esta funcionaria.

El Ayuntamiento ha solicitado un informe preceptivo pero no vinculante de Hacienda, que debía haber llegado antes de este jueves 2 de junio; sin embargo, el ministerio ha alegado que la carta de Sánchez Mato se envió a un departamento equivocado. De esta forma, pese a que fuentes municipales atribuyen esta maniobra a un ánimo de retrasar el relevo al frente de la Intervención General, se ha ampliado el plazo una semana. En cualquier caso, esas mismas fuentes aseguran que el Ayuntamiento no está obligado a obedecer ese informe aunque sea negativo.

La actual interventora es Beatriz Vigo, funcionaria municipal con habilitación de carácter nacional; según su currículo, fue directora de la Oficina de Contabilidad del Ayuntamiento de Madrid (2004-2008).

En su carta a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda, Sánchez Mato recuerda que “la responsabilidad en el control y la fiscalización interna” del Ayuntamiento “corresponde a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional”, cuya selección corresponde al Ministerio. Sánchez Mato considera que el puesto debe ocuparlo “un profesional de reconocido prestigio en el que se aúnen los conocimientos técnicos adecuados con una importante trayectoria profesional”.

El concejal defiende la “apuesta firme” del actual gobierno municipal “ por el reforzamiento de los sistemas de control interno”, con el objetivo de “atacar desde su raíz los escándalos de corrupción”. Asegura además que quiere sumar a las funciones actuales de la Intervención General “otras adicionales de asesoramiento” en cuanto a control y fiscalización interna. Se suma pues su intención de “renovar, y al mismo tiempo reforzar, la actuación de la Intervención, añadiendo a sus “funciones tradicionales” además “la responsabilidad de potenciar otras como el asesoramiento y el control financiero”.

Todo ello, añade Sánchez Mato, le lleva “a la necesidad” de cesar a la actual interventora y cubrir el puesto mediante un sistema de provisión de libre designación al que podrán optar todos los funcionarios cualificados para ello. Previamente, sin embargo, es necesario que Hacienda emita un informe preceptivo, que Sánchez Mato pidio “a la mayor brevedad” con el fin de “poner en marcha las actuaciones indicadas, que son de vital importancia para Madrid”. Cuando lo reciba finalmente, llevará a cabo el relevo.

Maestre: "Estamos satisfechos con su trabajo"

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha calificado esta mañana como “destitución” el relevo de la interventora general, una decisión que considera “sin precedentes y que ha vinculado al supuesto deseo del gobierno municipal de evitar que esta funcionaria preste declaración en la comisión de investigación abierta ayer para analizar la gestión de los dos anteriores alcaldesa, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, PP) y Ana Botella (2012-2015, PP).

Le ha respondido poco después la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre (Ahora Madrid), que ha insistido en que es un cese y no de una destitución, y ha recordado que se trata de una decisión “habitual” en la Administración pública.

En la Comunidad de Madrid, Gallardón cesó a una interventora (Elisa Marín) en julio de 1999 para nombrar a otra (Mireya Corredor). Cuando Esperanza Aguirre relevó a Gallardón al frente del Gobierno regional, nombró a otro interventor (Gregorio Madrid), que estuvo en el cargo entre junio de 2003 y julio de 2008. En esa fecha fue sustituido por otro (José Manuel Barberán), que se mantuvo hasta julio de 2010, cuando fue sustituido por otro (Antonio Carrasco). Ya con Ignacio González como presidente regional, se nombró en junio de 2014 a otra interventora (Cristina Torre-Marín), que la nueva jefa del Ejecutivo, Cristina Cifuentes, ha mantenido al frente. Gallardón, Aguirre, González y Cifuentes son del Partido Popular.

Según Rita Maestre, las razones del cese de la interventora municipal “tienen que ver con un proceso de mejora de los canales de control administrativo de los contratos del Ayuntamiento”. “Es un proceso amplio que afecta a los protocolos y disposiciones, y también, como parece lógico, a la persona que encabeza esos procesos. No tiene connotación política, si no no se hubiera tomado ahora [a unas semanas de las elecciones generales del 26 de junio], estamos satisfechos con su trabajo”, ha concluido Maestre.