El Gobierno en funciones exime de exigencias ambientales a Reganosa

El Gobierno en funciones ha acordado este viernes, "de manera excepcional", excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de autorización de la planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) de Reganosa en Mugardos (A Coruña), con el fin de evitar su "paralización".

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) anularon la autorización administrativa previa de 2002 para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004 --está en funcionamiento desde 2007-- porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Todo ello, después de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la plataforma de vecinos O Cruceiro de Mehá y otras entidades.

Dado que la planta de Reganosa tiene que pedir nuevas autorizaciones, tras las anulaciones dictadas por el Supremo, el Gobierno decide excluir a Reganosa de la necesidad del trámite de evaluación ambiental con el objetivo de "agilizar" el procedimiento para que pueda cumplir con las dos sentencias. De tal forma, según el Ejecutivo, "se evita una paralización prolongada de la actividad de la planta que pondría en riesgo el suministro de gas natural en España y Portugal, así como la seguridad de personas, bienes y del propio sistema gasista".

El Gobierno justifica que "se pretende minimizar los perjuicios que provocaría su paralización a los consumidores de la zona Noroeste; al Sistema Eléctrico Español, por la indisponibilidad de los ciclos combinados a los que se suministra gas desde la planta; e, incluso, al sistema gasista portugués".

Para este decisión, el Consejo de Ministros se basa en que "todos" los informes solicitados, tanto del gestor técnico del sistema (Enagás), como de las direcciones generales de Tráfico, de Protección Civil y Emergencias, así como de Transporte Terrestre, "inciden en la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifican la aplicación de esta medida".

El Gobierno defiende que se ha realizado "una evaluación alternativa" en la que se concluye que la planta "es viable ambientalmente" y que "no tiene ninguna incidencia significativa susceptible de producir repercusiones apreciables en el medio ambiente o los recursos naturales". Junto a esto, asegura que "la resolución que ponga fin al procedimiento podrá establecer como condición de operación de la planta las medidas adicionales de prevención, corrección y vigilancia que los organismos consultados durante el procedimiento hayan estimado necesarias, si las hubiere".