La nueva Cámara de Pontevedra da un cargo a una acusada de cohecho

El comité ejecutivo de la nueva Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ha aprobado este lunes, en su primera reunión, el nombramiento de los cargos administrativos de la entidad entre los que figura el de la funcionaria Rosario Lorenzo, que a partir de ahora será la responsable de la oficina de Pontevedra en vísperas de sentarse en el banquillo.

Lorenzo será juzgada el 13 de junio, acusada de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios cuando ocupaba el puesto de secretaria de la extinta Cámara de Pontevedra, que conlleva una pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para el desempeño de cargo público, además de una multa de 24.000 euros.

Antes de la fusión de las tres cámaras el pasado 9 de mayo, Rosario Lorenzo había ejercido de secretaria de Pontevedra desde 1998. Una denuncia de antiguos empleados de la entidad acabó en una querella de la fiscalía y la apertura de juicio oral contra la funcionaria y el que fuera delegado de una oficina de promoción comercial en Brasil.

Lorenzo y José María Lago actuaron como presuntos cómplices de un delito de cohecho, según el ministerio fiscal, y se enfrentan a penas de tres años de cárcel y tres años de inhabilitación para cada uno, además de 18 meses multa con una cuota diaria de 30 euros. Para Lago el fiscal solicita también otros cinco años de prohibición para obtener subvenciones o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, así como firmar contratos con organismos públicos.

Por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, el fiscal pide además condenar a Rosario Lorenzo a la pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros y dos años más de suspensión de empleo o cargo público.

La acusación se remonta al 2002, cuando el ejecutivo cameral acordó la creación de una oficina en Florianápolis (Brasil) para la cual se nombró representante al hasta entonces becario de la entidad, José María Lago, aprobando por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio que financió hasta el 80% de su coste.

Se firmaron hasta 2012 contratos anuales de arrendamiento de servicios por asesoramiento y promoción de empresas gallegas en Brasil con la empresa Contrato Em Comunicacoes Empresariais Ltda., representada por Lago. Y como contraprestación la firma recibió un promedio de 3.800 dólares mensuales.

Los pagos se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados en una cuenta de la que era titular José María Lago. Pero al menos seis de esos cheques fueron endosados a la cuenta bancaria que la secretaria compartía con Lago como autorizada, después de que este le otorgara un poder.

En dicha cuenta, y entre 2007 y 2011, se detectaron seis retiradas de dinero por importe de 22.800 euros. Los acusados no dieron explicación del destino del dinero retirado por la secretaria de la cuenta del empleado y que el fiscal los considera como pagos encubiertos para “facilitar” la contratación de la empresa de Lago por la Cámara.

Como punto central de su primera reunión, el comité ejecutivo de la Cámara acordó nombrar a Manuel Fernández Pool nuevo secretario de la institución, y a Manuel García Orois, director gerente. Ambos ya ejercían estas funciones en la extinta Cámara de Vigo. También figura en el nuevo organigrama Emilio Cores, hasta ahora secretario de la de Vilagarcía y que ahora será el responsable de la oficina en el ayuntamiento arousano.