Un exconsejero andaluz declara el día 30 por el contrato del director de Flamenco

El juez ha citado para el próximo día 30 al exconsejero andaluz de Cultura Luciano Alonso y al exdirector del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero Jiménez para declaración en calidad de investigados a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos, ambos con carácter continuado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas contra el parlamentario del PSOE en la Cámara regional por la contratación supuestamente irregular del director del Centro del Flamenco de la Junta entre agosto de 2012 y junio de 2015. La persona que ocupó este cargo durante esa etapa es Luis Guerrero, ahora diputado provincial del PSOE en Málaga, quien supuestamente no habría visitado el organismo en todo ese espacio de tiempo.

Según la documentación remitida al alto tribunal andaluz por el ministerio público, Luis Guerrero cesó en julio de 2012 como personal eventual de la Diputación Provincial y fue nombrado director del Centro Andaluz del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), por Luciano Alonso, entonces consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta.

Esa nominación se habría llevado a cabo "a sabiendas" de que "en ningún caso [Guerrero] iba a desempeñar el cargo designado". El exconsejero, un veterano del PSOE en Andalucía, habría emitido dos órdenes relacionadas con esta designación: una primera el 1 de agosto de 2012, con vigencia hasta el 10 de septiembre de 2013; y una segunda desde este día hasta el 12 de junio de 2015. Es decir, cerca de tres años. Guerrero es concejal socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2015 y diputado provincial.

A pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, Guerrero "en ningún momento" visitó estas dependencias durante este periodo, "siendo desconocido de las personas que allí trabajan". La documentación aportada junto a la querella de la fiscalía acreditaría el pago de un total de 87.109 euros como sueldo por ocupar este puesto de trabajo (13.834 euros en 2012; 36.615 en 2013; y 36.660 euros en 2014, último año certificado).

El parlamentario socialista alega que el caso es un malentendido provocado por la falta de actualización del puesto para que fue nombrado, lo que dio lugar a una reasignación de funciones prevista en el artículo 73.2 TR Estatuto Básico del Empleado Público", se ha defendido.

También ha precisado que la actuación del Fiscalía Superior de Andalucía "se inició sin previa denuncia, a partir de noticias aparecidas en prensa", una cuestión que, en su opinión, está en "abierta contradicción con la consolidada doctrina del Tribunal Supremo". En este punto, el diputado andaluz ha recordado la reciente inadmisión de una denuncia contra Podemos por parte del alto tribunal, con fecha del pasado 13 de abril, a través de un auto que establece que no debe abrirse una investigación penal por "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación".