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El ajuste fiscal deja a Junqueras sin margen para subir el gasto social

El vicepresidente rechaza incluir ingresos que debe negociar con Hacienda

Oriol Junqueras, en una intervención en el Parlament.
Oriol Junqueras, en una intervención en el Parlament.

El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, llevará mañana al Parlament, si todo sigue según lo previsto, los Presupuestos para este año. Por primera vez en un lustro, las cuentas no contemplarán apenas nuevas medidas de ajuste. Y ello a pesar de que estas siguen siendo restrictivas, puesto que prevén drenar 2.800 millones de euros para pasar de un déficit del 2,1% al 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Ese ajuste se come casi todas las mejoras de recaudación previstas y deja poco margen a Junqueras para combinar la austeridad exigida desde Bruselas y Madrid con el aumento de gasto social que le reclaman sus socios parlamentarios de la CUP para sufragar un plan de choque por 270 millones de euros, subir el sueldo el 1% a los empleados públicos y pagarles una parte de la extra de 2012.

El titular de Economía de la Generalitat barajó la carta que ya jugó el ejercicio pasado el exconsejero Andreu Mas-Colell de fiar parte del ajuste a partidas que debían negociarse con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la prórroga de la Comisión Europea para situarse dentro del Plan de Estabilidad y Crecimiento hizo que Hacienda elevara el objetivo de déficit de las comunidades del 0,3% al 0,7%, lo que en el caso de Cataluña supone alrededor de 800 millones de euros de margen. Aun así, quedan todavía otros 2.800 millones de ajuste.

Para cubrir ese boquete, Junqueras cuenta sobre todo con tres grandes partidas. La primera, 1.400 millones procedentes de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2014. La segunda pasa por el ahorro de los intereses de la deuda, que el año pasado empezaron a caer por primera vez desde el comienzo de la crisis. Esta partida se comía buena parte del Presupuesto, hasta el punto de que ese monto era equiparable al que tenía cualquier consejería. Según el Ejecutivo catalán, el ahorro será de alrededor de 850 millones de euros. Esa cifra refleja tres circunstancias: el interés del 0% en los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica que se aplicó el año pasado, la mejora de los tipos de los préstamos bancarios y la posibilidad —avalada ya por un informe del Ministerio de Economía— de que el FLA asuma también créditos a corto plazo, con el ahorro que ello supone. De hecho, hasta marzo los intereses de la deuda cayeron el 76,7% respecto al año pasado. En ese periodo, la Generalitat abonó 104,8 millones en intereses al percibirse ya, en términos de caja, la rebaja del FLA. La tercera partida ronda los 520 millones y se debe a una mejora de los ingresos que la Generalitat recibirá este año por el sistema de financiación autonómica.

Con esos tres montos, la Generalitat prácticamente tiene cubierto el ajuste fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y puede olvidar incluir partidas ficticias en el Presupuesto. De hecho, ese “maquillaje”, en palabras de Junqueras de esta semana, ha sido la batalla entre el vicepresidente y Hacienda, por un lado, y la CUP, por el otro. Según fuentes del Ejecutivo, el ministerio le pedía que para llegar al ajuste inicial (de 3.600 millones) incluyera dentro de los planes que debe entregarle ingresos por privatizaciones y concesiones. El Departamento de Economía se negó por dos motivos: primero, porque consideraba que no era viable, y segundo, porque ello hubiera supuesto un casi seguro enfrentamiento con la CUP, de quien depende para sacar adelante las cuentas. El partido anticapitalista, por su parte, le exigía que incluyera la recaudación por el impuesto sobre los depósitos bancarios, anulado por el Tribunal Constitucional, a lo que se negó Junqueras.

Sin embargo, ese ejercicio de realismo deja a Junqueras con escaso margen para aumentar el gasto social, como le requiere la CUP. El vicepresidente debe hallar fondos para la subida salarial de los funcionarios, la recuperación de parte de la paga extra de 2012 y el plan de choque, valorado en 270 millones de euros. El margen que le queda es la subida de los ingresos por los tributos propios, que suponen solo alrededor del 5% de la recaudación.

Aumento del IRPF

El partido anticapitalista ha exigido a Junqueras un aumento de la presión fiscal de las rentas más elevadas a través del IRPF y el impuesto de Patrimonio, así como recuperar el impuesto de Sucesiones y Donaciones sin las rebajas que se han realizado desde el segundo tripartito. Tampoco se incluirán impuestos anulados por el Constitucional, pero sí los suspendidos. Estos, sin embargo, apenas suman 30 millones de euros y, en el caso del gravamen a los pisos vacíos, tienen carácter finalista.