El último pelotazo de Carlos Fabra
Un expiloto de motos, sospechoso de usar información privilegiada en una recalificación
El expiloto de motociclismo Álex Debón utilizó información privilegiada para recalificar unos terrenos y beneficiarse de un contrato de 3,5 millones de euros impulsado por Carlos Fabra desde el Consorcio del Hospital Provincial poco antes de abandonar la Diputación de Castellón.
A esta conclusión han llegado los diputados provinciales de Compromís tras estudiar la documentación que existe en el consorcio y que probarían el flujo de información entre el ente sanitario y el ex piloto de motociclismo para poder concertar el pelotazo. Por su parte, el PSPV-PSOE ha solicitado una comisión de investigación al respecto en la Diputación de Castellón.
El expediente se inicia cuando el propio Álex Debón solicitó al ayuntamiento de La Vall d’Uixó en febrero de 2011 la recalificación para uso sanitario-asistencial de unos terrenos que adquirió en 2005 por 84.000 euros. Así mismo, solicita una tasación particular para un posible uso industrial, que el arquitecto técnico fija en 15.000 euros mensuales. Las parcelas propiedad de Debón son dos, una de 18.500 metros cuadrados, de calificación rústica y protegida por su especial interés paisajístico, y otra, la parcela 72 del polígono 13, calificada para uso industrial y de 2.200 metros cuadrados.
Por su parte, el Consorcio del Hospital Provincial de Castellón, en el que Carlos Fabra era vicepresidente pero en el que tenía poder sobre sus decisiones, escogió en mayo de 2011 sin concurso previo y sin solicitar terrenos disponibles al ayuntamiento de La Vall d’Uixó, esa misma parcela 72 para edificar un Hospital de Día para Trastornos de Personalidad y Patología Dual.
La justificación de los terrenos viene dada por un informe técnico redactado Begoña Fabra, sobrina del ex presidente de la Diputación, como jefa del servicio de recursos socio-sanitarios y asistenciales y avalada por Miguel Llorens, director económico del Hospital Provincial. Llorens califica de “idóneos” los terrenos de Debón y refleja en una resolución del 17 de mayo de 2011 el número de referencia catastral y el detalle de la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas, de las cuales solicita información técnica al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó y se muestra conocedor de que están en proceso de recalificación.
Con la base jurídica de esta resolución, el consorcio se comprometió a pagar 11.800 euros al mes durante 25 años en concepto de alquiler de los solares mediante un contrato que firmaron Álex Debón y Carlos Fabra el 1 de junio de 2011 y cuyo importe total hubiera alcanzado los 3.540.000 euros.
Para conocer el importe del alquiler mensual, el consorcio solicitó una tasación independiente, que recibió en cuatro días y que estableció un valor de venta de más de 3,2 millones de euros por un terreno sin edificar y pendiente de recalificación, a razón de 1.035,48 euros el metro cuadrado.
El consorcio, dirigido desde la Diputación de Castellón por Carlos Fabra, diseñó, aprobó y firmó el proyecto entre mayo y junio de 2011, periodo de transición entre la presidencia provincial de Fabra y la de Javier Moliner tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011. Tras la petición de recalificación por parte de Debón en febrero de 2011, los expedientes se aceleran y cuando Javier Moliner preside el primer Consejo de Gobierno del consorcio solo queda pendiente la ratificación del contrato.
En la misma semana de mayo tras las elecciones, antes de la reunión del consejo de gobierno del 31 de mayo de 2011 que debe autorizar la firma del contrato, se aprueba el proyecto, se adjudican los terrenos y se pide y se recibe la tasación, que llegó in extremis el 30 de mayo de 2011.
En el contrato, el inicio del alquiler queda supeditado a que los terrenos sean aptos para construir una instalación sanitaria tal y como ha pedido Debón a su Ayuntamiento. El 5 de julio de 2011, cinco meses después de la solicitud, el ayuntamiento de La Vall d’Uixó aprueba la modificación puntual número 27 del Plan General de Ordenación Urbana que recalifica el uso del suelo de las parcelas y se expone el proyecto a información pública para las alegaciones pertinentes. La aprobación definitiva se producirá el 27 de septiembre.
Son momentos de transición también en el ayuntamiento de La Vall d’Uixó. La actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ganó de nuevo las elecciones municipales, pero dejó la alcaldía al concejal de Urbanismo, Óscar Clavell, tras ser nombrada consejera de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente en el Gobierno autonómico de Francisco Camps.
Por su parte, el Consorcio del Hospital Provincial también renueva su consejo de gobierno con los nuevos cargos políticos, aunque mantiene al director gerente y al director económico. En el plano político, Javier Moliner y Luis Rosado entran como presidente de la Diputación y consejero de Sanidad respectivamente, mientras que el ente provincial designa a Francisco Martínez como delegado.
El contrato firmado entre Fabra y Debón debía ser ratificado por el consejo de gobierno y el expediente se preparó para la reunión del 8 de noviembre de 2011. No obstante, la certificación por parte del Ayuntamiento no llegó por sólo unos días, hasta el 14 de noviembre.
La ratificación del contrato no volvió a tratarse en el consejo de gobierno hasta el 25 de abril de 2012, tras el cual el director económico comunicará a Álex Debón que le devuelve las facturas emitidas sin abonar porque no se ha ratificado el contrato y alega para ello carecer de la preceptiva consignación presupuestaria.
Este contrato está siendo investigado por la Fiscalía de Castellón y ha sido incorporado a las diligencias que tiene abiertas por el préstamo personal que Debón otorgó a Fabra y por los contratos de patrocinio de Aerocas al piloto. Se da la circunstancia de que entre septiembre de 2010 y marzo de 2013 Debón realiza cuatro transferencias a Carlos Fabra de 360.000 euros. En marzo de 2013 ambos firman un documento en el que el ex mandatario se compromete a pagar el préstamo más los intereses en dos años a razón de 15.300 euros al mes. Fabra no pagó ninguna mensualidad y la justicia le ha condenado a reponer 368.000 euros al piloto, que ha pedido el embargo de los bienes del ex presidente de la Diputación para poder cobrar.
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