Juicio a un exalcalde del PP por engañar a la Xunta por una ayuda

El exalcalde de Mondaríz Julio Alén (PP) será juzgado el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, acusado de un presunto delito de prevaricación por el que afronta una condena de siete años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público Según la fiscalía, Alén adoptó la decisión de solicitar una subvención de 39.812 euros a la Xunta para construir unas pistas deportivas a sabiendas de que el proyecto presentado no se podía ejecutar.

Junto a Alén también será juzgado el que era arquitecto técnico municipal, Adriano do Carmo Fernández, para el que el fiscal solicita tres años y medio de prisión por falsedad el documento oficial al certificar las obras que no se realizaron y firmar su recepción por el ayuntamiento para cobrar la subvención, así como inhabilitación por dos años.

Según el escrito de acusación del ministerio público, los hechos se remontan a mayo del año 2010 cuando Alén Montes, en su calidad de alcalde, solicitó la citada subvención a la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta para la construcción de “pistas deportivas al aire libre”.

En el proyecto presentado con la solicitud se hizo constar que las obras se harían en una parcela vacía e infrautilizada, aportando el plano del lugar y fotografía en la que no figuraba ninguna construcción. Sin embargo, “en el lugar donde se iban a construir las obras ya existían previamente una pista de tenis y otra polideportiva que había realizado el Ayuntamiento y que estaban inventariadas ya en el año 2006”, apunta la fiscal del caso, Paula Blasco.

La acusación sostiene que las obras subvencionadas no consistieron en la construcción de ninguna pista sino que se aprovechó el suelo y demás elementos ya existentes para hacer labores de simple reparación y mejora. “El acusado, Julio Alén Montes, que conocía estas circunstancias, se valió del engaño en la solicitud para lograr que de este modo se concediese la subvención”, añade la fiscal.

Las obras se adjudicaron a la empresa Construcciones Vale en 2010 y en noviembre de ese año, la representante de la empresa, Adriano do Carmo y el propio Julio Alén extendieron el acta de recepción de las obras, aunque en ella no aparece la firma del alcalde.

Unos días después, la interventora municipal emitió informe desfavorable porque, entre otras razones, no aparecía la firma de ningún técnico municipal en el proyecto. Ese mismo día, el entonces alcalde resolvió dar continuidad al expediente, pese a no haberse subsanado la falta de firma, y sabiendo que el proyecto no se ajustaba a la realidad.

En dicha acta se hizo constar que las obras fueron ejecutadas de acuerdo con el proyecto contratado pero la fiscalía acredita que ambos acusados sabían que ese documento era “un engaño”. El arquitecto técnico municipal emitió la correspondiente certificación de obras por importe de 49.766 euros en la que constaban conceptos por trabajos distintos a los que se habían realizado.

La subvención fue cobrada pero posteriormente reintegrada a la Xunta cuando esta detectó el fraude y exigió la restitución del dinero. Tras conocer la acusación de la fiscalía en 2014, Julio Alén cargó contra sus funcionarios y declaró que había seguido las indicaciones de los técnicos y del secretario.