Imelsa entierra su nombre y lo cambia por el de Divalterra

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La gran empresa de la Diputación de Valencia, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), ha abandonado este martes su nombre y ha pasado a denominarse Divalterra. La entidad ha señalado que con el cambio busca "enterrar definitivamente el pasado", marcado por su papel clave en el caso Taula, e intentar "recomponer su imagen corporativa".

Imelsa tuvo durante años como gerente a Marcos Benavent, el ex alto cargo que grabó durante años en secreto a sus compañeros del PP mientras trataba con ellos presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Benavent colabora ahora con la justicia, y ha revelado al juez que las mordidas se cobraron no solo en Imelsa, sino en la Diputación de Valencia, la Generalitat y Ayuntamientos. Una actividad ilícita desplegada por lo que los investigadores han definido en el sumario como una "organización criminal".

La junta general de Imelsa, que es 100% de la Diputación, ha aprobado el cambio de nombre y sus responsables, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, han afirmado que "el proyecto sigue siendo muy viable".

La nueva dirección tomada por Divalterra persigue "recuperar el objeto social que recogen los estatutos y que nunca se ha puesto en práctica"; "la dinamización económica de los municipios, con programas como la mejora de los polígonos industriales y las áreas comerciales con el fin de generar empleo", han afirmado en un comunicado.

"Bajo estos principios se trata de romper con el pasado, no solo en el aspecto sonoro, sino también en el fondo de la nueva gestión, que se va a basar en desarrollar las políticas y servicios que traen prosperidad a los municipios". Los directivos de Divalterra se han comprometido con los principios de "transparencia y calidad". "El pasado de Imelsa queda en manos de la justicia. El presente y el futuro están en manos de los trabajadores de una empresa que es más que viable y en esa línea seguiremos trabajando", han añadido.

El último escándalo que ha sacudido a Imelsa —cuyo nombre había quedado parcialmente eclipsado por el del caso Taula, el nombre que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dio a la operación que se saldó con la detención del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otras 23 personas— ha sido el de la imputación de 28 personas más por falsas contrataciones en la empresa pública.

Imelsa tuvo en nómina a personas que presuntamente no iban a trabajar, que no habían accedido a la sociedad pública siguiendo los cauces legales o que cobraron altas indemnizaciones por despido de forma irregular.

Entre los nuevos investigados —el término que ha sustituido al de imputados en la nueva denominación judicial— figura un jugador de fútbol del Olímpic de Xàtiva, club que presidía Rus, que también era alcalde del municipio valenciano y presidente del PP provincial.

También han sido imputados dos trabajadores de José Adolfo Vedri, el dueño de la empresa de comunicación y servicios Engloba que fue detenido en enero. Los empleados trabajaban para Vedri, pero cobraban de Imelsa, según ha descubierto la investigación.

Imelsa ha tenido como objetivo fundacional la promoción económica de los municipios. Se ha dedicado también a la gestión forestal —era la encargada de contratar a los bigradistas— y durante el mandato de Rus amplió su actividad a muchos otros ámbitos, como la colocación de campos de césped artificial en los municipios o el cambio de bombillas en los municipios.