El Supremo da la razón por tercera vez a unos vecinos de Barcelona

Los vecinos de Sarrià (Barcelona) han logrado que el Tribunal Supremo les dé la razón no una ni dos, sino tres veces. Confían en que esta sea la última. Llevan 20 años pleiteando contra el Ayuntamiento de Barcelona por un proyecto urbanístico (la manzana Sandoz) que consideran ilegal. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Supremo ha ratificado la sentencia que hace dos años condenó al consistorio y ratificó que parte del conjunto inmobiliario debe ser derruido.

La guerra comenzó a mediados de los 90. El Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSC, aprobó un plan urbanístico para una manzana de Sarrià que, históricamente, había acogido los laboratorios Sandoz. En ese espacio, situado entre las calles de Fontcuberta, Santa Amèlia, D’Osi y Cardenal Vives y Tutó, la constructora Indret Vertical levantó tres edificios de 185 viviendas.

Ya en 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló los trámites urbanísticos que aprobó el Ayuntamiento para dar luz verde a la promoción inmobiliaria. Declaró ilegales los balcones (por la amplitud de la calle) y los sobreáticos (porque no se ajustaban a la normativa) y ordenó su derribo. En derecho urbanístico, sin embargo, la ejecución de las sentencias es compleja. Muchas veces, como en este caso, el edificio ya está construido y acoge a cientos de familias. Las partes afectadas optan, en ocasiones, por intentar dar cobertura legal a la construcción con un cambio normativo a posteriori.

Seis años después, en 2010, el Supremo confirmó esa sentencia y dio por primera vez la razón a los vecinos. Mientras tanto, sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona ya había iniciado un nuevo trámite urbanístico (la modificación del plan general metropolitano) que, de nuevo, topó con la oposición de los vecinos. El TSJC les dio la razón en primera instancia ya en 2009 con una sentencia contundente en la que acusaba al consistorio de practicar un “urbanismo a la carta” y “contrario al interés general”. Como los recursos de casación son lentos, no fue hasta 2013 que el Supremo volvió a pronunciarse.

La resolución dictada ahora por el Supremo, la tercera, recuerda todo ese periplo. Y confirma la última de las dictadas por el TSJC, en julio de 2014. Esa resolución de hace dos años declara nulas las modificaciones de planeamiento que el Ayuntamiento impulsó en su empeño por hacer legal lo ilegal. El TS acusa al Ayuntamiento de incurrir en una “desviación de poder”. Su intención, “apenas disimulada”, no tiene nada que ver con el escrupuloso cumplimiento de las normas urbanísticas, sino más bien con “el deseo de legalizar las edificaciones” de la manzana Sandoz. Además de rechazar su enésimo recurso, le impone el pago de las costas.

La agonía judicial ha causado malestar en los vecinos de Sarrià, que se han sentido desoídos (y ferozmente combatidos) por la administración. El consistorio siempre se ha mantenido firme en su estrategia. Ya en 2004, tras la primera resolución, el entonces primer teniente de alcalde, Xavier Casas, aseguró que los elementos “esenciales” del proyecto eran correctos y que los magistrados se equivocaron al medir la anchura de las calles.