El juez rechaza archivar la causa de blanqueo del PP de Valencia

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El juez que investiga un supuesto delito de blanqueo en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia ha rechazado los recursos presentados por dos de los 47 imputados, en los que solicitaban que el procedimiento fuera archivado por falta de pruebas. El magistrado considera prematura la petición e indica que esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su solicitud de que la exalcaldesa y senadora Rita Barberá sea investigada —imputada— en la causa.

Los dos recurrentes, Alfonso Novo, hasta enero presidente y portavoz del PP en la ciudad de Valencia, y la concejal Beatriz Simón, habían alegado que no existían pruebas que los vinculasen con el blanqueo, más allá de haber donado 1.000 euros al partido para financiar la campaña electoral de las elecciones de 2015.

Según la Fiscalía, medio centenar de miembros del grupo popular hicieron la aportación y paralelamente recibieron el mismo importe en efectivo de fondos procedentes de una caja b de la formación política, en lo que la Guardia Civil ha descrito como técnica del "pitufeo".

El magistrado ha imputado a 47 personas por este motivo, incluido el PP como persona jurídica. El instructor ha pedido al Supremo que investigue a Barberá, al ser aforada ante este órgano judicial por su condición de senadora. Y ha hecho lo mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, respecto al diputado autonómico popular Miguel Domínguez, exconcejal de Seguridad Ciudadana de Barberá.

En su negativa a las solicitudes de archivos, el magistrado Víctor Gómez argumenta que es conveniente "esperar al pronunciamiento" de ambos tribunales antes de tomar una decisión "para evitar pronunciamientos contradictorios".

Delito previo

Los concejales investigados habían recordado en sus recursos las condiciones que deben cumplirse para considerar que existe un blanqueo. Este delito debe basarse en el "presupuesto de un delito preexistente que dé origen a una cantidad de dinero ilícito necesitada de ser introducida en el circuito económico legal". Y alegaban que no existen indicios en el sumario de ello.

Las declaraciones de testigos y de dos de los investigados, así como las conversaciones telefónicas intervenidas sí apuntan a la responsabilidad, al menos, de María del Carmen García-Fuster, secretaria general administrativa del grupo municipal del PP.

Pero los ediles subrayaban que no existen indicios relevantes contra sus personas. Una tesis que el mismo juez instructor ha admitido respecto de Barberá y de Domínguez en los escritos que ha remitido al Supremo y al Tribunal Superior valenciano respectivamente solicitando que sean imputados.

En el conjunto del caso Taula hay más de un centenar de investigados. El blanqueo es una parte de la causa, que se centra en la actividad de una presunta trama del 3% vinculada al PP valenciano que habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de contratos.

El pasado viernes se conoció la imputación de otras 28 personas por las contrataciones ficticias en Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), la mayor empresa de la Diputación de Valencia, en la que empezó la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.