Vía de agua en el Estatuto valenciano
Partidos e instituciones se movilizan ante la sentencia del Constitucional que cercena el desarrollo del derecho foral
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley valenciana de Régimen Matrimonial ha abierto una vía de agua en el Estatuto de Autonomía. El fallo del alto tribunal no solo invalida, íntegramente, una ley que consagraba, entre otras cosas, la separación de bienes en los nuevos matrimonios. También cercena la posibilidad de la Comunidad Valenciana de desarrollar su propio derecho civil pese a que la competencia se incluyó, sin ninguna oposición, en la reforma del Estatut de 2006.
La decisión del Constitucional, que previsiblemente también anulará otras dos leyes basadas en el derecho civil valenciano, la de Custodia compartida y la de Uniones de hecho, ha movilizado al Consell y a los principales partidos, que hasta la fecha no han sido capaces de convencer a los sucesivos Gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy de que retirasen los recursos interpuestos contra las leyes que desarrollan el derecho foral. El Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig aprobó el pasado día 13 una declaración institucional en la que "acata la sentencia del Constitucional pero manifiesta su más profunda discrepancia" con el fallo. El Consell considera que "es de extrema gravedad ignorar las competencias en materia de derecho histórico civil introducidas en la reforma del Estatut el año 2006" y considera que se produce "un agravio comparativo con otras comunidades autónomas a las que sí se han reconocido las competencias para legislar sobre su derecho civil propio".
El derecho civil valenciano, uno de los mayores de Europa hasta el decreto de Nueva Planta de 1707, llegó a recopilar más de 5.000 fueros. Sin embargo, su sustitución por el derecho civil castellano no logró acabar con buena parte de las costumbres forales que, igual que en otras regiones de España, siguieron vigentes. De hecho, durante el franquismo se realizaron distintas compilaciones de derecho foral en España, pero no en la Comunidad Valenciana. La Constitución de 1978 reconoció el derecho a autonomías como Galicia, Navarra, Cataluña o Aragón, que ya tenían compilaciones de derecho foral, a legislar en materia de derecho civil pero no a las que carecían de compilación. La situación creó una situación de agravio en la Comunidad Valenciana —que se vislumbró pronto con la ley valenciana de arrendamientos históricos de 1983—, que se intentó reparar en la reforma del Estatut d'Autonomía de 2006. Sin embargo, el Tribunal Constitucional vuelve a limitar la competencia legislativa valenciana al otorgar la razón al Gobierno que sostiene que "las comunidades autónomas sin derecho foral compilado solo tienen competencia para legislar las costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido", lo que retrotrae de nuevo la situación a la década de los ochenta.
Los principales partidos, con la excepción de Ciudadanos, están de acuerdo en la necesidad de recuperar la competencia sobre el derecho foral, aunque discrepan en la estrategia para superar las dificultades de la sentencia del Tribunal Constitucional y en los contenidos que debería regular el Parlamento.
Las complejas leyes forales
El derecho civil regula buena parte de la vida de los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. El fallo del Tribunal Constitucional acota, en la práctica, la posibilidad del Parlamento valenciano de legislar en este ámbito con la excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el mundo rural donde se mantuvieron ciertas prácticas pese a la introducción del derecho castellano.
El Partido Popular impulsó el desarrollo del derecho foral valenciano con cuatro leyes, no exentas de polémica porque hay juristas que consideran que el actual Código Civil castellano es más avanzado y está más adecuado a la realidad social de lo que lo pueda estar el recuperado derecho valenciano. La ley de Régimen Económico Matrimonial, anulada íntegramente por el Tribunal Constitucional tuvo como principal novedad la sustitución del régimen de gananciales por el de separación de bienes en los nuevos matrimonios. Aunque también incluyó otras medidas relacionadas con la protección de las mujeres maltratadas.
Sin embargo, la más polémica de todas es la conocida como ley de Custodia compartida que establece como preferente, cuando no haya acuerdo, que los dos progenitores se repartan la potestad sobre los hijos menores. La ley, que contó con el apoyo del PP y Compromís pero no del PSPV, es cuestionada por distintos colectivos de mujeres. Estos consideran que la ley ha provocado un aumento de la litigiosidad y ha complicado la situación de las mujeres agredidas por sus compañeros. Unos maltratadores que convierten la custodia compartida en una forma de venganza o en un sistema de control sobre sus víctimas. Estos colectivos reclaman la derogación de la ley, que ha sido apoyada por otros grupos partidarios de la custodia compartida, y piden la vuelta a la regulación estatal que prima que la custodia sea para la mujer. En la Comunidad Valenciana se calcula que hay cerca de 25.000 personas afectadas por la ley autonómica.
La tercera ley, también recurrida al Constitucional, es la que regula las uniones de hecho. Socialistas, Compromís y Podemos están de acuerdo en tramitar una reforma para permitir que las parejas registradas puedan adoptar o acoger menores, independientemente del sexo de las personas que conformen la unión. Sin embargo, el recurso al alto tribunal podría anular la ley antes de ser modificada.
Junto a estas, el PP impulsó la aprobación de una ley de sucesiones que quedó en la cuneta por los enormes problemas que generaba su aplicación y que fue duramente cuestionada por notarios y registradores.
La única de las leyes que desarrollan el derecho foral valenciano que no ha sido recurrida es la nueva ley de Contratos agrarios, aprobada en 2013, que regula las figuras tradicionales de compraventa en el campo valenciano y las adapta la realidad actual.
Las posiciones de los partidos
Para el socialista Manolo Mata, "avanzar en el Estado federal exige que el derecho civil sea competencia de las comunidades autónomas", pero siempre y cuando se garantice la igualdad entre los españoles y de capacidad normativa. "En la actual situación es imposible sin una reforma constitucional", asegura.
La diputada del PP María José Ferrer San Segundo, propuso esta misma semana una iniciativa parlamentaria para crear una comisión en las Cortes que trabajase para elaborar una proposición de ley que se presentaría en el Congreso con el objetivo de lograr por esta vía la competencia para legislar sobre derecho foral. La parlamentaria popular proponía también que se solicitase la comisión bilateral Estado-Comunidad Valenciana para avanzar en paralelo. La iniciativa fue rechazada.
"La idea fundamental de mi propuesta era la de no resignarse", explica Ferrer. "El PP de la Comunidad Valenciana ha liderado la recuperación del derecho civil valenciano y el Consell ha estado un año sin hacer nada", afirma la parlamentaria, que considera que los partidos que sustentan al Consell divergen sobre la recuperación del derecho foral.
Para Fabiola Meco, de Podemos, "la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado pocos resquicios" y es necesario un cambio en la Constitución si la Comunidad Valenciana quiere desarrollar su derecho foral. "La iniciativa del PP es un brindis al sol", asegura, "porque el Congreso no ha aprobado ni un 1% de las proposiciones de ley que remiten los Parlamentos autonómicos".
Isaura Navarro, de Compromís, cree que la solución para superar la sentencia del Constitucional está en un cambio de Gobierno. "Lo que debemos hacer es ganar las elecciones y tener un Gobierno que nos respete", asegura la diputada de Compromís, que cree que lo que tendría que hacer el Ejecutivo estatal es no recurrir las leyes valencianas, tal y como hace con las de otros territorios. "Es una decisión política", sentencia, para añadir: "la solución es una reforma constitucional y que no haya una persecución de nuestras leyes".
Las discrepancias entre los partidos sobre la forma de recuperar la competencia sobre el derecho foral no han sido obstáculo para que 74 ayuntamientos, entre los que figuran Valencia, Benidorm, La Vall d'Uixó, Gandia o Vila-real, entre otros, hayan aprobado mociones para reivindicar el derecho civil valenciano.
Fallo poco motivado
El presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, considera que el fallo del Constitucional "ha dejado moribundo" el derecho civil valenciano. "Es una sentencia decepcionante, poco motivada", explica Chirivella, que cuestiona que el alto tribunal admitiera el recurso del Gobierno contra el texto íntegro de la ley de Régimen Matrimonial a pesar de estar presentado fuera de plazo.
"El Constitucional tampoco ha tenido en cuenta la reforma del Estatut de 2006, que colocó el derecho civil como uno de los rasgos identitarios de los valencianos", prosigue, "una ley que nadie recurrió". Chirivella lamenta también que la sentencia hable de "costumbres reguladas", cuando se sabe que todas quedaron formalmente derogadas en 1707 y que durante la dictadura no se llegaron a realizar en la Comunidad Valenciana las compilaciones que sí vieron la luz en otras regiones, algunas de ellas con un derecho foral menos desarrollado que el valenciano.
Respecto a la polémica sobre el contenido de alguna de las leyes basadas en el derecho civil valenciano, Chirivella opina que las Cortes Valencianas siempre pueden modificar el contenido de las leyes, pero que lo que no debería estar en discusión es la potestad de la Comunidad Valenciana para desarrollar su propio derecho foral, tal y como hacen otras autonomías como Galicia, Navarra o Aragón.
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