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Madrid dio a Ausbanc al menos 1,8 millones en convenios y subvenciones

Solo de Consumo recibió cerca de un millón de euros por distintos convenios en 15 años

Luis Pineda, tras ser detenido el pasado 15 de abril. Ampliar foto
Luis Pineda, tras ser detenido el pasado 15 de abril. EFE

La Comunidad de Madrid dio a las asociaciones de consumidores de Ausbanc al menos 1,8 millones de euros en subvenciones y convenios entre 2000 y 2015. El grueso de esa cantidad —“cerca de un millón de euros”— corresponde a convenios de la dirección general de Consumo, según explicó este miércoles la actual directora de Comercio y Consumo, María José Pérez-Cejuela, durante su comparecencia en la Asamblea.

Además de las cantidades relacionadas con Consumo, otros departamentos de la Comunidad de Madrid entregaron fondos a Ausbanc. En 2004 y 2008 la Consejería de Empleo subvencionó con cerca de 800.000 euros a la asociación para fomentar el “empleo y autoempleo”. Una de estas ayudas, la de 2004 (309.775 euros), está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el entramado de extorsión que presuntamente tejió el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Pedraz cuestiona si la asociación de consumidores estaba capacitada para gestionar las actividades de autoempleo para las que se concedió el dinero.

Pérez-Cejuela acudió este miércoles a la comisión de presupuestos de la Asamblea a petición del PSOE, que le preguntó por su vinculación con una de las antiguas empresas de Pineda. Ambos fueron consejeros en la mercantil Marbeach Investments entre 2000 y 2005, como adelantó EL PAÍS.

“No tengo nada que ocultar”, dijo la directora. “No es ningún delito que en el año 2000 coincidiera en el consejo de administración con un señor (por Pineda) que entonces no era un presunto delincuente. No tengo bola de cristal”, añadió.

Desde que Cifuentes fichó a Pérez-Cejuela para formar parte de su equipo en septiembre de 2015 su departamento ha abonado a Ausbanc 5.500 euros por tareas de asesoramiento a tres municipios (Villamanta, Campo Real y Manzanares el Real) que no cuentan con oficina de consumo propia, señaló. Así los ciudadanos evitan trasladarse a otros municipios. El servicio se pagaba a 54 euros la hora.

“No es una elección de la Comunidad, son los propios pueblos los que piden a una asociación u otra”, declaró Pérez-Cejuela. El mismo día que se detuvo a Pineda y a sus colaboradores (15 de abril pasado), la dirección de Comercio y Consumo abrió un expediente de exclusión a Ausbanc Madrid, la delegación en la capital de la supuesta asociación de defensa de los consumidores, que desde entonces ya no participa en ninguna actividad subvencionada.

La Comunidad de Madrid también estuvo colaborando con Ausbanc para realizar arbitrajes. Según la directora general, la elección de las asociaciones no depende de un único alto cargo sino de un órgano colegiado. 

Los diputados de la oposición mostraron su extrañeza porque la falta de control que ha permitido que Ausbanc trabajara con el Gobierno regional a pesar de que la asociación fue expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores en 2014 –también había estado fuera entre 2005 y 2013-. Pérez-Cejuela admitió que quizá hubiera “indicios” que les deberían haber llamado la atención, pero que no actuaron antes porque no había pruebas y que, en cuanto las hubo, su departamento actuó con contundencia. 

Eduardo Gutiérrez, portavoz de Podemos en la Comisión, pidió la dimisión de la directora general, porque opina que carece de las “características que se merecen los ciudadanos de Madrid”. Y si no lo hace, solicitarán a Cifuentes su cese. Fue el único grupo político que pidió la dimisión del alto cargo de Cifuentes en la comparecencia. 

"La Comunidad nunca se sintió aludida cuando Ausbanc fue expulsada del registro nacional y la mantuvo, lo que le permitió acceder a los beneficios en Madrid durante todos estos años", recordó el diputado socialista Nicolás Rodríguez. "Sorprende que en Madrid no saltara ninguna alarma cuando fue expulsada de un organismo nacional, no una sino dos veces", coincidió Susana Solís, de Ciudadanos.

Álvaro Ballarín, portavoz del PP, criticó que Podemos pida la dimisión de una directora general "sin dar un solo argumento". "Eso es para nota", añadió, y calificó a Pérez-Cejuela de "magnífica y extraordinaria" profesional. "No se pueden juzgar hechos del pasado a la luz de las informaciones que tenemos ahora", concluyó.

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