Los antidisturbios de la Guardia Urbana, agentes que molestan
Las políticas de seguridad se apartan de estas unidades reclamadas años atrás
Una de las promesas electorales con las que BComú acudió a las urnas fue la “disolución” de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana. Un grupo diseñado por el exalcalde Joan Clos, perpetuado por Jordi Hereu y transformado en Unidad de Soporte Policial (USP) por Xavier Trias. Hoy siguen en esta unidad 160 agentes provistos de estética represiva, cascos, escudos, defensas largas… Lo que el ciudadano reconoce como antidisturbios, una de las unidades que más denuncias por abuso de poder ha recibido en el cuerpo. Cuando Colau llegó a la alcaldía, puso al frente de la Urbana al comisionado de seguridad Amadeu Recasens, un teórico que el pasado mes de julio comunicó a los mossos que las UPS dejaban de hacer funciones de orden público. Se acabó ver a urbanos dispersando manifestaciones.
Aun así, la unidad, sus furgonetas, las porras largas o los cascos siguen existiendo. La excusa para mantener a los antidisturbios es que protegen edificios municipales y realizar actuaciones excepcionales. Una de las últimas fue el 27 de abril, cuando desmantelaron un asentamiento en la calle de Pamplona.
Colau presentará en las próximas semanas el plan director del cuerpo municipal, se reordenará el cuerpo y las UPS desaparecerán como unidad. Es muy probable que también se suprima parte de la estética represiva.
El caso de Lleida
Años atrás para los gobiernos locales era prioritario dotarse de unidades de antidisturbios. Ahora, municipios como Badalona o Sabadell —y pronto Barcelona— prescinden de estas unidades. Es complicado saber cuántas policías locales tienen un grupo de este tipo, pero un ejemplo paradigmático es el de Lleida, cuya unidad de antidisturbios se creó en 2012. La Policía Nacional formó a 18 agentes y el Ayuntamiento compró un vestuario con cascos, defensas larga, escudo…. El portavoz del sindicato CSIF en el Ayuntamiento de Lleida, Jordi Bañeres, asegura que jamás se sabrá lo que costaron las equipaciones de estos antidisturbios que llevan por nombre: Unidad Polivalente Operativa (UPO). “Hemos pedido saber lo que costó la UPO en diferentes comisiones de vestuario y nunca se nos ha comunicado”. Bañeres pidió a la concejal de seguridad, Sara Mestres, conocer el precio de este material y ella contestó “que no tenía constancia de lo que había costado pero que los agentes estaban muy guapos”. Guapos o feos, ningún leridano ha podido comprobarlo. Cuatro años después de la creación de la unidad, nadie les ha visto con la equipación. Existe una petición en la plataforma tuderechoasaber.es exigiendo al consistorio que aclare que partida destinó a los antidisturbios.
Mestres contestó que la formación de los agentes había sido gratuita y que el coste del uniforme de los antidisturbios “se ha hecho a cargo de la partida centralizada del Ayuntamiento”.
Los agentes de Lleida nunca han utilizado la formación que les impartió la Policía Nacional de forma gratuita. El consistorio pidió antes presupuesto al Institut de Seguridad Pública de Cataluña, el organismo de la Generalitat que forma a agentes de Mossos y policías locales. Lleida desestimó la formación por qué cobraban 402 euros por agente, 8.040 euros en total.
La mayoría de policías locales, entre ellos los de Barcelona, se forman como antidisturbios gratis en la Policía Nacional. Un portavoz del cuerpo asegura: “Es nuestro deber enseñar a policías que van a servir a la ciudadanía”.
La teórica fue gratis. Los cascos, porras y escudos no. Uno de los concejales de la CUP en Lleida, Pau Juvillà, lamenta el desconocido gasto “en una equipación en desuso”. El regidor culpa al gobierno leridano de “mala gestión” y de invertir dinero en herramientas policiales en lugar de “políticas sociales”.
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