La cárcel hace mella en Roca y pide ausentarse de un juicio

Los signos de debilidad son ajenos a Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya. El exasesor de Urbanismo de Marbella, en prisión desde hace algo más de una década, destaca por su fortaleza mental y una gran capacidad para llevar a su terreno los interrogatorios de su extenso currículum judicial. Pero este martes, en el inicio del tercer juicio que afronta en estos momentos, Roca ha mostrado por primera vez síntomas de agotamiento al pedir, sin éxito, que se le exima hasta el último tramo de esta vista oral de la obligación de sentarse en banquillo de los acusados. Serían dos jornadas sin traslados desde la cárcel a la Audiencia de Málaga que el tribunal no le ha concedido.

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El calendario judicial del exgerente de Marbella, que acumula sentencias que suman 30 años de reclusión, no tiene un día libre en mayo. Además de la sesión de hoy, este miércoles se reanuda el juicio del caso Pinillo, en el que Roca está acusado junto a otras 20 personas (incluido el exalcalde marbellí Julián Muñoz) y se enfrenta a una petición inicial de 15 años de cárcel por una operación urbanística irregular. Esta vista seguirá el próximo lunes por la mañana y esa misma tarde, se retomarán las sesiones del caso Goldfinger, centrado en la recalificación urbanística de la parcela donde se levantaba la casa de Sean Connery y en un posible fraude fiscal en la venta de los apartamentos que se construyeron después.

Estos dos procedimientos continuarán las siguientes semanas hasta final de mes. El juicio que se ha iniciado hoy, en el que la fiscalía pide para Roca ocho años de cárcel por presuntamente malversar el dinero destinado a pagar las expropiaciones de los terrenos de la desaladora de Marbella, está previsto para los días 10, 11 y 12 de mayo. “Como tengo que simultanear, ¿puedo asistir solo para la última palabra?”, ha pedido al tribunal el antaño hombre fuerte del fallecido Jesús Gil, algo que nunca había sucedido. “Lleva más de 10 años en prisión y sin un permiso”, ha recordado su abogada, Rocío Amigo. Los jueces de la Sección Novena han desestimado su reclamación tras la postura en contra de la fiscalía y de las otras dos acusaciones.

Sobre el contenido de su declaración por los hechos ilícitos que se le imputan, ha habido poca novedad respecto a otras comparecencias: Roca ha negado cualquier delito y ha descargado la culpa tanto en el difunto Gil como en José Luis Sierra, la persona que ideó el entramado de sociedades municipales por el que se evaporó buena parte del dinero público de Marbella. Este letrado, jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en los primero años del gilismo, también estaba acusado en este proceso, pero el juzgado decretó el archivo respecto a él por la grave enfermedad que padece.

“Fui utilizado de una forma descarada”, ha subrayado Roca, y ha negado que se quedara con los 871.000 euros destinados a pagar las expropiaciones para construir la desaladora que impulsó en 1996 la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, cuando Gil también estaba al frente de este organismo supramunicipal. Su defensa, además, sostiene que parte de estos hechos han sido juzgados en el conocido como caso Saqueo 2, en el que Roca ha sido condenado en firme a tres años de cárcel por malversación.

Roca, detenido en marzo de 2006 por estar al frente de la mayor trama de corrupción municipal juzgada y sentenciada en España, nunca reconoció la comisión de un delito por estos hechos. Durante el juicio del caso Malaya, admitió que había pagado a los concejales del tripartito de Marbella por interés político, es decir, para que no se rompiera el acuerdo de gobierno, versión muy dulcificada de la acusación de que los había sobornado para favorecer a empresarios y promotores. Estos cohechos han sido confirmados por el Tribunal Supremo.

El exasesor de Urbanismo ha seguido hoy sin reconocer delito alguno, pese al escrito que ha presentado recientemente ante la fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad en las más de 120 causas judiciales que tiene pendientes. Esto implicaría el reconocimiento de los hechos. Su objetivo es poder empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios, porque en los 10 años que lleva encarcelado, Roca no ha disfrutado de ningún permiso.