Puigdemont y Colau se lanzan a capitalizar la indignación por la ley de vivienda recurrida

El viernes en la noche, tras digerir el golpe por el recurso, Puigdemont convocó a una cumbre a las fuerzas municipalistas (hasta 12 alcaldes, incluida Colau), activistas y a las entidades para plantear una respuesta común y “coordinada” ante la decisión del Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy. El líder catalán enfatizó que el encuentro sería el marco para que el Govern explicara “las medidas que ha tomado y piensa tomar” tras ver que no había acercamiento posible con el Gobierno.

Colau se adelantó ayer con otra reunión pero negó voluntad alguna de competir con el presidente de la Generalitat. Inscribió su comparecencia junto a la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) —que ya habían hecho su propia rueda de prensa en la mañana— dentro de encuentros que los activistas están teniendo con otros alcaldes, sin precisar. “Estamos avanzando trabajo de cara a mañana” [hoy] , defendió la alcaldesa. “Se trata de que todos los actores implicados hagan el máximo posible, según sus funciones y competencias, para que se sigan cumpliendo los objetivos de la ley”, remató.

La llamada a la unidad de Colau y Puigdemont contrasta con las medidas unilaterales que uno y otro han propuesto desde el pasado viernes. Este episodio es similar al vivido con la acogida de los refugiados, en el que cada administración intentó exhibir su propio plan. Tras la primera propuesta de Barcelona de convertirse en ciudad refugio, la Generalitat se esmeró en mantener su propio operativo.

Tanto la PAH como APE presentaron a Colau el documento que llevarán hoy a la cumbre, una batería de iniciativas que buscan “evitar un retroceso en los derechos de protección contra los desahucios y la pobreza energética”, explicó Carles Macías, portavoz de la plataforma.

Ambas plataformas habían aparcado la dureza de sus críticas al Gobierno catalán durante las dos semanas de campaña en la calle para defender la ley, ante la amenaza del recurso. Ayer, sin embargo, las desempolvaron. “Hay que aplicar lo que se ha salvado con determinación”, pidió Macías. Tanto desde la PAH como de APE critican que en nueve meses de vigencia de la norma (la ley 24/2015 fue aprobada por unanimidad) la publicidad haya sido mínima y el despliegue fuera lento.

Solo hasta la semana pasada el departamento de Gobernación sacó a exposición pública el reglamento sobre las comisiones de sobreendeudamiento, uno de los puntos que finalmente fueron recurridos. Empresa tampoco ha conseguido la firma de convenios con las suministradoras para garantizar, como establece la ley, que den ayudas a fondo perdido para sufragar las facturas impagadas.

La PAH pide “menos fotos” y más compromiso

En la mañana, la PAH ya había lanzado un un llamamiento a la Generalitat y al Parlament para utilizar las leyes aún vigentes para dar cobertura a la emergencia habitacional, como la de 2007. “No queremos que la unidad en defensa de la ley sea una foto, queremos que se detallen acciones concretas”, pidió Macías. Este mensaje lo repitió posteriormente ante Colau.

El margen que ven desde la plataforma para seguir luchando contra los desahucios incluye la aplicación de multas a los pisos vacíos que ya permite la ley 18/2007 —la Generalitat ya tiene un censo de las viviendas— o la utilización de los criterios de exclusión residencial que establece la ley recurrida en como requisitos en las mesas de emergencia de los desahucios.

“La ley corresponsabilizaba en la lucha contra los desahucios a la banca y los grandes tenedores”, lamentó Colau. La alcaldesa recordó que la ley sigue obligando a los Ayuntamientos a responder por las personas que han perdido su casa o sufren cortes, pero se tienen menos herramientas. Una crítica similar hizo la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín: “No es lo mismo negociar con una ley que permite hacer presión que sin ella”, aseguró.

De acuerdo con Colau, en Barcelona se han frenado 639 desahucios “invocando la aplicación de esta ley”; se ha logrado el traspaso de 550 viviendas vacías que estaban en manos de grandes tenedores y la banca y se comenzaron 17 procesos sancionadores por no ofrecer alquiler social. “Lo que ha hecho el PP es inmoral”, aseguró la alcaldesa. La PAH también anunció acciones de presión al partido de Rajoy.