Los defensores del pueblo reivindican su papel ante la crisis de los refugiados

Los defensores del pueblo se justifican. El foro internacional celebrado este martes y miércoles en Barcelona ha servido para lanzar una llamada de auto afirmación en medio de las dudas sobre su independencia, que el colectivo atribuye a “regresiones democráticas”. Desde el encuentro, los diferentes ombudsmans han coincidido en criticar el trato “deshumanizado” que Europa está dando a los refugiados que huyen de las diferentes guerras y se concentran en decenas de campos en Grecia.

Representantes de diferentes países apelaron durante los seminarios a una Europa abierta a personas migrantes y refugiadas. Los ponentes destacaron que, en su opinión, los flujos migratorios se tienen que abordar desde el respeto a los derechos y tratados internacionales ratificados. Así, instaron a las instituciones europeas a que acojan el máximo número de personas, prohíban los maltratos y devoluciones en caliente colectivos, favorezcan el acceso “rápido y completo” al sistema sanitario y ofrezcan un acompañamiento integral de estas personas una vez instaladas en su destino.

El acuerdo de retorno forzado entre la UE y Turquía, por lo tanto, fue duramente cuestionado por la “falta de legitimidad” del país en cuestión y por falta de seguridad. Los defensores locales también debatieron sobre su propia figura, que defendieron sobre todo en asuntos humanitarios como este.

El cargo ha estado cuestionado por las vinculaciones con el poder político, en muchos casos. En el foro participó, por ejemplo, la Defensora del Pueblo estatal, Soledad Becerril, que fue alcaldesa de Sevilla por el PP. También su homónimo catalán, el Síndic de Greuges Joan Ribó, que fue dirigente de Iniciativa y que fue el anfitrión del encuentro en Barcelona.Durante los años de crisis, algunos partidos políticos han cuestionado el papel de esta figura que existe en varias comunidades autónomas y en el caso concreto de Cataluña, también en 38 Ayuntamientos.

María Bueyo fue la defensora de La Rioja hasta que un acuerdo del Parlamento regional eliminó el cargo bajo criterios económicos: “La mayor amenaza a los ombudsman es la limitación presupuestaria que les impida desempeñar su labor”, explicó. El profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Joan Vintró, defendió por su parte que en contextos de crisis el papel de los defensores del pueblo es “esencial y más necesario que nunca”. Para justificarlo, subrayó las nuevas competencias en el ámbito de la prevención de la tortura, la transparencia y los derechos LGTBI que han ido adquiriendo en los últimos años. Ribó concluyo: “Un ombudsman independiente y dotado de recursos es un instrumento clave de garantía democrática”.