Las tripas de oro de Corcoesto se revuelven

Las entrañas de la mina más polémica de Galicia vuelven a rugir cuando llevaban cerca de tres años calladas. Después de que saliese a la luz (a través del contencioso administrativo que presentó ante el Tribunal Superior la empresa canadiense Edgewater) la supuesta existencia de "amigos del presidente" que habrían ofrecido "ayuda" con la presunta intención de recibir cobros ilegales por ello, varios grupos ecologistas han rescatado los ases que aún guardaban en la manga. La semana pasada, Amigos da Terra anunció su decisión de pedir a la fiscalía de Medio Ambiente una "exhaustiva" investigación que destape, por una parte, si efectivamente intervinieron mediadores dispuestos a arreglarle a Edgewater las cosas en la Xunta a cambio de dinero. Y, por otra, que busque pruebas de un posible delito de tráfico de influencias en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental durante el año 2012. En este capítulo profundiza hoy también la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), uno de los colectivos que combatió más firmemente, con argumentos científicos, la explotación del oro de Corcoesto en los años que duró el conflicto. La SGHN ha enviado un escrito a la sala de lo Contencioso Administrativo del Superior de Xustiza, encargada de tramitar la reclamación de Edgewater en los tribunales, en el que saca a la luz la flagrante desaparición de objeciones a la mina en los informes medioambientales de la Xunta a medida que pasó el tiempo. Estos documentos fueron obtenidos por el colectivo ecologista después de 21 meses de espera en los que necesitó recurrir al Valedor do Pobo, y según la SGHN la Consellería de Medio Ambiente terminó entregándolos a regañadientes.

Según informa a los magistrados este colectivo de defensa medioambiental, a lo largo de los últimos meses de 2012, cuando el proyecto minero que abarcaba terrenos de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso parecía ir viento en popa por la vía administrativa, en los informes correspondientes a Conservación da Natureza se constató una progresiva y llamativa rebaja de las exigencias que demostrarían el "claro trato de favor" que recibió la empresa foránea por parte del Gobierno gallego.

Entre otras cuestiones que "desaparecen" o se "minimizan", tal y como destapa la SGHN, en un informe "se pasa de afirmar que el proyecto afecta al LIC [Lugar de Interés Comunitario] Río Anllóns, ya que todas las aguas vierten en ese río" a decir que "el proyecto se desarrolla fuera del ámbito del espacio natural protegido". La afirmación de que las actividades mineras proyectadas "constituyen riesgos evidentes de producir daños de muy difícil reparación en el LIC Río Anllóns y el LIC Costa da Morte", que aparecía destacado en cursiva y subrayado en el primer documento, se suaviza hasta quedarse en un simple "siempre existen riesgos de accidentes que pueden tener notables repercusiones en el medio".

También en lo relativo a un afluente, el Lourido, que según el proyecto Edgewater pretendía desviar en un trecho de 2,7 kilómetros, en los papeles de la Xunta se pasó de afirmar que en ese hábitat existían "especies de interés comunitario" a restarle importancia: "No son formaciones muy representativas". La Sociedade Galega de Historia Natural también afirma que en el informe complementario se "viola de forma flagrante" una directiva de la UE relativa a la conservación prioritaria de espacios protegidos y que desaparecen de golpe objeciones al proyecto extranjero como la inexistencia de un "plan de seguimiento y vigilancia" de la balsa de lodos de lixiviación a lo largo del tiempo o la falta de un análisis de riesgos o de "una póliza de seguro ambiental adecuada".

"De existir una actuación arbitraria, injustificada y que rompe el principio de no discriminación e igualdad de todos ante la ley como afirma Edgewater en su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no sería una discriminación contra dicha empresa sino, al contrario, un claro trato de favor", concluyen los ecologistas. En su escrito remitido a los jueces, la SGHN les pide que desestimen todas las demandas planteadas por la empresa minera contra la cancelación del proyecto anunciada por sorpresa por Feijóo en octubre de 2013. El colectivo reclama que se condene a Edgewater al pago de las costas procesales, que no se condene a la Xunta a aprobar el proyecto ni a indemnizar a la compañía canadiense.

Hace días, otros grupos publicaban comunicados en la misma línea. Salvemos Cabana, la plataforma nacida de la oposición a la mina liderada por Ramón Varela, vecino de Bergantiños, lamentaba que sea toda Galicia la que deba "enfrentar las consecuencias" (como una hipotética indemnización millonaria) de Corcoesto, con una tramitación ambiental puesta en cuestión desde 2012. "Si la Xunta de Galicia hubiera actuado de manera responsable desde el principio, se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento en la comarca", lamentaba Varela.

Amigos da Terra también incidía la semana pasada en el hecho de que esa indemnización de unos 20 millones que exige Edgewater se pagaría con dinero público de "todos los gallegos y gallegas". Para este grupo, el contenido de un correo electrónico incluido entre la documentación que Edgewater presentó en los tribunales debe ser investigado por la fiscalía porque podría poner de manifiesto que "la protección de los intereses sociales y medioambientales está a merced de criterios arbitrarios que pueden ser aprovechados por ciertas tramas corruptas". 

En ese correo, el presidente de la empresa, George Salamis, comparaba a la Xunta con el Gobierno de Chávez y sugería que hubo personas ("amigos del presidente") que pudieron haber reclamado "dólares en una maleta Samsonite". Nada más trascender el contenido de este correo, Alberto Núñez Feijóo lo atribuyó a una "estrategia de calumnias" por parte de la compañía minera y la filial que creó en Galicia, Mineira de Corcoesto, para tramitar los permisos de la futura mina sobre la que había adquirido anteriormente los derechos.

Este diario ha intentado obtener de la empresa canadiense una explicación al contundente correo electrónico en el que Salamis sugiere un presunto delito de tráfico de influencias ("no alcanzo a ver qué podíamos hacer (...) aparte de pagarles dólares a los políticos"), pero los representantes de Edgewater consultados no aclaran quiénes son esos "amigos de presidente" que podrían haber pedido dinero a cambio de favores, ni ofrecen ninguna pista sobre su procedencia. "Este es un asunto que está en litigio en manos de abogados, no procede hacer declaraciones a la prensa", zanjaba ayer el destinatario en España de aquel mensaje del presidente de la empresa.