Los detenidos en Vigo falsearon miles de contratos a través de 52 empresas

Los empresarios Manuel y Alfredo Hermida Rodríguez llevaban varios años tejiendo un entramado de empresas supuestamente creadas para perpetrar un fraude millonario a la Seguridad Social y a Hacienda hasta que fueron descubiertos por una empleada cuando comprobó un error de cotización en su contrato de camarera y denunció. Después, otros trabajadores hicieron lo mismo y declararon a la Policía que trabajaban sesenta horas semanales pero sus contratos eran de media jornada.

Implicados en otras presuntas estafas que también acabaron en los juzgados, los dos hermanos propietarios del grupo empresarial Hermida quedaron ayer en libertad con cargos junto a otras cuatro personas que fueron detenidas en un operativo policial con ramificaciones en otras provincias gallegas.

La firma matriz contaba con un centenar de empresas con el fin de eludir la acción policial y defraudar a la Seguridad Social evitando pagar las cuotas sociales. Según la investigación, de estas, 64 mercantiles sí cotizaban con un movimiento total de trabajadores que alcanzó a 3.500 personas –siendo muchas de ellas las mismas-, mientras el resto, 52 sociedades eran utilizadas para defraudar y facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección . Además tenían una empresa nexo de todas las demás que contaba con autorización RED de la Seguridad Social y que era la gestora del resto; es decir, la encargada de facturar a un número importante de empresas de la organización.

Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo, dan por desarticulada en Galicia este grupo familiar que contaba con una red de cafeterías, compañías de seguridad, construcción y un taller mecánico

cuyas operaciones fraudulentas se estiman en, al menos, tres millones de euros.Las investigaciones se iniciaron por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible, delitos contra el derecho de los trabajadores y la Seguridad Social.

La actividad principal del grupo Hermida era generada a través de la hostelería, con la cadena de establecimientos conocidos como La Barraca. La mecánica utilizada por los propietarios de la empresa matriz era crear mercantiles para dar de alta en la Seguridad Social a gran cantidad de trabajadores y, tras generar una deuda por no pagar los seguros sociales, se valían de nuevas sociedades donde les volvían a registrar, según informes policiales.

Los administradores y socios al frente de las mercantiles eran familiares y trabajadores de confianza y utilizaban como nexo de unión una compañía que contaba con autorización para actuar como gestoría del resto. A finales del año 2014 comenzaron las pesquisas por el juzgado de Vigo que este martes ordenó las detenciones, al recibir una información sobre posibles irregularidades en la gestión de varios establecimientos de hostelería ubicados en Vigo.

La denunciante era una camarera que había detectado un error en su periodo de cotización durante el tiempo que había trabajado en varios establecimientos pertenecientes al grupo investigado. Después de realizar diferentes comprobaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra se comprobó que varios centros de trabajo, en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, estaban siendo inspeccionados por lo que se comenzó una investigación que destapó la posible existencia de un fraude millonario a la Seguridad Social.

La inspección en cada una de las empresas de la organización constató que muchas de ellas tenían el mismo domicilio social y una deuda total con la Tesorería General de la Seguridad Social de 2.781.347,61 de euros. También se descubrió que la práctica utilizada por la organización consistía en crear distintas empresas en las que daban de alta a sus trabajadores y desde el inicio de la relación laboral no pagaban las correspondientes cuotas sociales. Al no cumplir con el pago de los seguros sociales se generaba un volumen considerable de deuda y entonces procedían a dar de baja a los empleados y al día siguiente volvían a registrar su alta en una nueva mercantil con el fin de evitar el pago. Para esquivar el seguimiento del fraude llegaban a utilizar la misma empresa para dar de alta a los trabajadores en distintas provincias.

Cuando los trabajadores detectaban las maniobras de altas y bajas en distintas empresas y pidieron explicaciones eran amenazados por sus jefes con no entregarles el cheque de salario si no firmaban. Algunos empleados han llegado a declarar a la Policía que trabajaban, sin recibir ninguna remuneración por las horas extra, en torno a las 60 horas semanales aunque su contrato solo era de media jornada.