Valencia denuncia que un alto cargo se benefició de una privatización

El Gobierno valenciano ha denunciado este miércoles que un ex alto cargo, Nicolás Figueras, se benefició de una privatización aprobada por él mismo. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha calificado de "ejercicio de puerta giratoria de máxima velocidad" y de "actuación nada ética" el comportamiento de Figueras. Y ha anunciado que el asunto ha sido trasladado a la Abogacía de la Generalitat para que analice si del mismo pueden desprenderse responsabilidades penales.

Según el Ejecutivo valenciano, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) dirigida por Figueras privatizó en agosto de 2013 la organización de la Race Village. Una serie de actividades lúdicas que tenían lugar en el puerto de Alicante durante dos semanas con motivo de la salida de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela. En septiembre de ese año, Figueras dimitió, y en enero se puso al frente de la empresa privada en la que recayó la organización de la Race Village, llamada Ruck Consultancy. En la edición de 2014, los costes por "recursos humanos" de la organización de la Race Village —que pese a la privatización continuaba pagando la Generalitat— se dispararon de 60.000 a 400.000 euros.

Figueras no ha querido hacer declaraciones al respecto, preguntado por este periódico, a la espera de conocer con detalle las declaraciones realizadas por Puig y las medidas adoptadas por la Generalitat.

Tanto Figueras como otra exresponsable de la empresa pública STPCV, Belén Reyero, encargada de eventos, constituyeron Ruck Consultancy en octubre de 2013, asumiendo el cargo de administradores solidarios. Esto es, apenas tres meses después de dejar la sociedad de la Generalitat y tres meses antes de hacerse cargo de la organización de la Race Village.

Esa edición de 2014 fue, según ha afirmado este miércoles el actual director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, que ha comparecido con Puig y el consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, especialmente cara para la Generalitat, que tuvo que asumir un coste neto cercano a los 18 millones de euros.

Figueras aparece mencionado en el sumario del caso Fórmula 1 en el que está imputado el expresidente autonómico Francisco Camps. Según mantienen la Fiscalía y varios testigos, la firma de Figueras fue falsificada en el documento que convirtió a la Generalitat en avalista del Gran Premio de F-1 que tuvo lugar en Valencia de 2008 a 2012. Figueras se desvinculó de los hechos demostrando que en la fecha en que se firmó el aval, el 19 de julio de 2011, un día antes de que Camps dimitiera, él se hallaba fuera de España en viaje de novios.

La Volvo Ocean Race parte desde el año 2008 del puerto de Alicante. El socialista Puig ha indicado que pese a que el anterior Gobierno autonómico, del PP, dijo en su momento que no tendría coste para las arcas públicas, la factura para la Administración ha sido hasta el momento de 32 millones de euros debido a las condiciones "leoninas" del acuerdo. El presidente ha afirmado que las condiciones del contrato para la edición de 2017, el último año en que está previsto que la prueba salga de Alicante, han sido renegociadas para que resulten menos "gravosas".

Menores costes

La Race Village pasará de costar 4,5 millones de euros a tres millones. Y el sistema de patrocinios cambiará. Hasta ahora la Generalitat tenía que pagar a la empresa organizadora VOR —acrónimo de Volvo Ocean Race— el 35% del dinero recibido de los patrocinadores cuando los pagos superaban los tres millones de euros. En 2017 solo se pagará a VOR ese porcentaje cuando sea esta empresa la que consiga al patrocinador.

Según ha detallado el director general de Proyectos Temáticos, los costes previstos de la Generalitat para la edición de 2017 están entre los 27 y los 30 millones. El coste del barco y de la tripulación ascenderán a 18 o 20 millones; el canon que se paga a VOR será de seis millones, y las actividades de la Race Village supondrán otros tres millones. Los ingresos proceden en su mayoría de los patrocinadores, los cuales pueden a su vez desgravarse hasta el 90% del gasto, según Rodes.

Sobre el futuro de la Ciudad de la Luz si, como parece, la única oferta presentada por ella no cubre el mínimo fijado por la Generalitat, de 47,2 millones, el responsable de Proyectos Temáticos se ha limitado a indicar que las dos opciones que se abrirán entonces serán la subasta judicial y la liquidación de la sociedad. Y que la decisión que se adopte en ese escenario será "política".