Bassa admite desprotección contra los abusos en la escuela

La Generalitat admitió ayer, dos meses después de que estallara el escándalo de pederastia dentro del colegio barcelonés Maristas Sants Les Corts, que el actual protocolo oficial antiabusos tiene carencias y anunció la puesta en marcha inminente de uno nuevo. La principal modificación es que la escuela y su personal —profesores y empleados— sean contemplados como posibles responsables de abusos. El texto actual les otorgaba solo un rol de detección de maltrato. Se trata de una rectificación a toda regla. Enseñanza siempre había asegurado que el protocolo era mejorable pero defendía que el texto sí ofrecía la protección necesaria.

El anuncio del nuevo texto lo hizo ayer la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, durante una comparecencia ante la comisión de Enseñanza del Parlament, en la que no había ningún alto cargo de es departamento. El documento se presentará el viernes de la próxima semana y se complementará con una comisión interdepartamental de la Generalitat que revisará todos los protocolos relacionados con la protección de la infancia. Este órgano se tenía que haber puesto en marcha en 2006.

“Los protocolos anteriores estaban pensados para que el profesorado detectara posibles abusos por parte de la familia o entre niños, pero en ningún momento estaba pensado para los mismos educadores”, explicó Bassa, que no dio más detalles. El nuevo documento reemplazará a los que firmaron los departamentos de Bienestar Social y Enseñanza en 2012 y 2014 y que tenían como referencia otro documento marco, de 2006, impulsado por el Síndic de Greuges. “Entre 2006 y 2012 no se hizo ningún avance para desplegar los protocolos”, criticó Bassa, que compareció a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos.

La celeridad de la Generalitat también busca quitarle a Rafael Ribó la iniciativa en la mejora de los mecanismos de detección y prevención de los abusos. El Síndic ha sido muy duro con la actuación de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía ante los casos de pederastia de Maristas Sants Les Corts. “Ha fallado estrepitosamente el protocolo. Nunca se activó”, llegó a asegurar Ribó, que comenzó en febrero una ronda de trabajo con las Administraciones para mejorar el texto.

A los fallos detectados en el colegio concertado se suman los que salieron a la luz a través de los casos de presuntos abusos en el Instituto público Juan Manuel Zafra, en el que el Consorcio de Educación de Barcelona, desoyendo el protocolo, se limitó a cambiar de puesto de trabajo a una conserje acusada de ofrecer sexo por dinero a un menor en 2015.

Ribó insistió hace tres semanas en que nadie había puesto en duda el actual protocolo marco y dijo: “lo que hace falta es difundirlo y aplicarlo”. El Síndic pidió entonces comparecer ante el Parlament para explicar la “cadena de fallos” del caso Maristas y anunció que presentaría una resolución con las recomendaciones recogidas en sus reuniones con la Generalitat. Bassa aseguró ayer que las sugerencias que haga el Síndic se recogerán pero que Enseñanza y Trabajo y Asuntos Sociales presentarán primero su propio documento. “Se añadirá lo que haga falta”, agregó Bassa.

La consejera compareció para explicar con qué medidas y programas cuenta el Gobierno catalán para detectar y actuar ante los abusos. Bassa citó, entre otros documentos, el resultado de la Encuesta sobre Convivencia Escolar y Seguridad para argumentar una disminución en la “percepción de acciones negativas”. El Parlament instó en 2007 a Enseñanza y a Interior a elaborar anualmente dicho estudio entre el alumnado de primaria y secundaria pero el informe no se hace desde hace cuatro cursos.