La Generalitat sólo aplica el 10% de las medidas anticorrupción que prometió

La corrupción era una gran piedra en el zapato de CDC y de Artur Mas hace tres años, asediado por el caso Palau y las acusaciones contra Oriol Pujol, entonces secretario general. El presidente quiso dar un golpe de efecto y en febrero de 2013 convocó dos cumbres e implicó a todos los organismos vinculados a la buena gobernanza, desde el Tribunal Superior de Justicia, la fiscalía, la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas o el Síndic de Greuges.

Mas se hizo la fotos y publicitó un memorando con 51 medidas “en materia de transparencia y regeneración democrática”. Tres años después, apenas se cumplen íntegramente media docena. El resto siguen esperando o se aplican con vericuetos.

El Gobierno catalán ha elaborado la prometida ley de transparencia y ha puesto en marcha una web sobre la materia, pero la comisionada de cargo, la juez Núria Bassols fue sustituida tras la detención de su marido en una operación policial del 3%.

También se prometió publicitar las retribuciones de los cargos electos, pero se incumple una resolución del Parlament para que el salario de algunos altos cargos no supera al de los consejeros. Sí se ha dado publicidad, como se acordó, a la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos electos al tomar posesión y al cesar.

No se cumple el requisito de hacer públicas las retribuciones de los miembros de los consejos de administración y órganos equivalentes, pues en el caso de algún consorcio hospitalarios se han presentado dimisiones para evitar el trámite.

Tampoco se ha elaborado un código ético de los cargos públicos como se prometió, ni existe un plan formativo para funcionarios, ni se ha creado un registro de lobbies.

El registro público de contratos es accesible, como se acordó, pero no así los criterios de valoración. Se ha apostado por la transparencia y la concreción de los criterios para adjudicar contratos, pero sigue habiendo una gran fragmentación en la adjudicación.

La Oficina Antifraude de Cataluña aseguró en un informe elaborado hace un año que sólo se estaba cumpliendo el 7% de las medidas pactadas y desde entonces poco se ha avanzado.

Un ejemplo paradigmático es la propuesta número 25 que se acordó en 2013. Dice que los órganos de contratación velarán para que los potenciales licitadores conozcan los criterios con los que se valoran sus propuestas. Sin embargo, el caso de la privatización de Aigües Ter Llobregat revela que, una vez conocidas, se modifican las condiciones del concurso.

El capítulo de justicia es el que genera más incumplimientos, pues no se ha aplicado ni una de las ocho medidas: desde acelerar la instrucción de los casos de corrupción -hay sigue esperando juicio el caso Palau, casi siete años después de estallar-, hasta acordar entre los partidos el trato que han de recibir los imputados o cumplir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que un poceso judicial no dure más de cinco años. Por no hablar de la medida que prometía que jueces y fiscales explicarían a la sociedad los casos de corrupción.

En cuanto a la gestión de los partidos políticos aún está pendiente de cumplir que la Sindicatura de Cuentas designe un auditor permanente para la contabilidad de las formaciones o el establecimiento de una metodología contable única.

“El nivel de corrupcíón es un espejo del país que tenemos”, aseguró la semana pasada el exdiputado de la CUP David Fernández, cuando acudió al Parlament en la comisión de estudio que se ha creado.

“Está claro que no ha habido un desarrollo legislativo de aquella batería de medidas que se prometió”, asegura el diputado del PSC Jordi Terrades. “ Y algunas son simples, solo dependen de la voluntad política”, añade.