La CUP pide de nuevo que se desobedezca al Constitucional

Tras la polvareda política que generó la semana pasada la moción de la CUP que reclamaba la vigencia de la resolución independentista del 9 de noviembre anulada por el Tribunal Constitucional, la formación anticapitalista impulsa ahora una propuesta de resolución en la que insta a “desoír” la sentencia del alto tribunal que anuló el decreto-ley de la Generalitat de 2013 que impedía a las empresas eléctricas y gasistas realizar cortes durante el invierno a las familias que no pudieran pagar las facturas.

La propuesta de resolución de la CUP será una nueva prueba en sus relaciones con Junts pel Sí y supone un nuevo desafío al Tribunal Constitucional, que está pendiente de decidir si el Parlament y su presidenta, Carme Forcadell, incurrieron en desobediencia por aceptar la tramitación de las tres leyes de ruptura.

La CUP expresa en su propuesta el rechazo a la sentencia que anuló el decreto catalán sobre pobreza energética y proclamar “la voluntad de desoír” esa resolución porque implica “confrontarse a la mayoría social que es favorable a resolver las situaciones de pobreza energética y habitacional”.

En otro apartado anuncian la voluntad de apoyar en el Pleno del Parlament el reglamento que despliegue la ley catalana de pobreza energética de 2015. Sería “un gesto de reiterar el apoyo de la cámara a esta iniciativa y ante la posibilidad de que también sea suspendida” por el Constitucional, asegura la CUP en su redactado. Albert Botran, diputado esta formación, recordó que la ley catalana fue votada por todos los partidos y les emplazó a seguir defendiendo su aplicación, “diga lo que diga el Constitucional”.

La propuesta de la CUP, será negociada ahora con el resto de grupos o bien presentarán un redactado alternativo. Habrá que ver si en esta ocasión la CUP y Junts pel Sí vuelven a pactar un nuevo texto que suavice el planteamiento inicial de los anticapitalistas, como ya ocurrió la semana pasada con otra moción.

El PSC, por su parte, anunció ayer que presentará su propia propuesta y entiende que el Parlament no puede desoír una ley derogada ya por el Constitucional. Los socialistas recuerdan que la Generalitat y el Gobierno se han reunido para abordar la aplicación de la ley catalana de 2015 en la comisión bilateral y que por ello deberían hacerse públicas las negociaciones y evitarse así un nuevo recurso.

En la misma línea que la CUP, el PSC insta al Gobierno catalán a aprobar en el plazo de 15 días el reglamento que despliegue la ley catalana referida a la obligatoriedad de las empresas suministradoras de energía y agua para solicitar un informe a los servicios sociales municipales antes de efectuar un corte de suministro y a los usuarios de sus derechos