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Cifuentes deja en suspenso la Medalla de la Comunidad a González

La investigación judicial abierta sobre el ático del expresidente causa de la no concesión

Los miembros de la comisión que ha de valorar los méritos de las personas o instituciones a las que se les concederá este año la Medalla de la Comunidad acordaron no entregar esta distinción oficial al expresidente de la región Ignacio González, del PP, al estar investigado por la compra, presuntamente irregular, de un ático en Estepona (Málaga). Es la primera vez que un ex mandatario regional no recibe el galardón que premia su “destacado su servicio” a la Comunidad. La medalla, que no conlleva ninguna aportación económica, se puede retirar si el titular es “condenado por algún hecho delictivo”.

La negativa de Cifuentes a conceder la distinción a su antecesor en el cargo, Ignacio González, está relacionada con las supuestas irregularidades que este cometió en la compra de un ático en Estepona. El próximo 18 de abril tanto el exmandatario, como su esposa, Lourdes Cavero, así como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deben declarar, en calidad de investigados (antigua figura de imputado) ante el juez acusados de posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

La Ley 3/1985, de 22 de marzo regula la concesión de la Medalla de la Comundiad se otorga “como reconocimiento a los méritos de las instituciones, personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por su servicio” en cualquier ámbito de la Comunidad de Madrid.

La poseen, además de tres expresidentes regionales madrileños (uno del PSOE y dos del PP), escritores como Mario Vargas Llosa (2015), entrenadores de fútbol y deportistas —Luis Aragonés (2014) o Iker Casillas (2013)—, instituciones como el Teatro Real (2015) o políticos como José Bono (1986) y Enrique Tierno Galván (1985).

Consta de dos categorías (oro y plata) y se concede, dice la ley, “a propuesta del presidente de la Comunidad por acuerdo del Consejo de Gobierno”. Para concederla es necesaria la instrucción de un expediente que debe ser propuesto por la Mesa de la Asamblea, los consejeros, los ayuntamientos, las entidades culturales, científicas o socioeconómicas.

Una comisión, formada por siete vocales, valora los informes de los candidatos propuestos. Posteriormente, eleva su fallo a la presidenta regional y si esta se muestra favorable, lo propone al Consejo de Gobierno. Los designados con la medalla de oro logran el tratamiento de excelencia, mientras que los de de plata de ilustrísima.

Ayer, la comisión estuvo formada por la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, diversos viceconsejeros, funcionarios y cargos próximos a Cristina Cifuentes.

La concesión del galardón puede ser revocada “si el titular ha sido condenado por algún hecho delictivo, o ha realizado actos o manifestaciones contrarios a la Comunidad de Madrid, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa del otorgamiento”.

Distinción revocada

En 2014, el Gobierno de Ignacio González Aguirre revocó la distinción de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al exconsejero de Transportes, Justicia, Interior y Presidencia, ex secretario regional del PP de Madrid, ex diputado regional y exsenador, Francisco Granados. Este se encuentra actualmente en prisión por su supuesta relación con la trama de corrupción Púnica. Es la máxima distinción que la Comunidad de Madrid puede conceder a un ciudadano o institución.

Desde su creación en 1985, año en que se crea la Medalla de la Comunidad, es norma que los presidentes regionales, tras dejar el cargo, la reciban de manos de su sucesor. Así ha ocurrido en el caso del socialista Joaquín Leguina (1983-1995), que la recibió en 1996; de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), que fue condecorado en 2004, y de Esperanza Aguirre (2004-2012), a quien se le concedió en 2013. Ahora, le correspondería el honor al expresidente Ignacio González (2012-2015). Pero, de momento, tendrá que esperar, creen en el Gobierno regional.

Pero, de momento, tendrá que esperar, creen en el Gobierno regional. Fuentes de esta comisión recordaron ayer que sus decisiones “no son vinculantes, sino solo consultivas”. “La situación puede cambiar en breve y según lo que decida la presidenta”, concluyeron.

 

 

 

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