El Síndic logra paralizar un plan que afecta a su pueblo de veraneo

La Sindicatura de Greuges solicitó el pasado lunes la suspensión de la aprobación del Plan Urbanístico del Aeródromo de la Cerdaña (PDUAC). La sindicatura recibió ese mismo día las peticiones de amparo de los alcaldes de Fontanals y Das, dos municipios afectados por el proyecto de ampliación de las instalaciones de la pista de aviación. Pocas horas más tarde, la Sindicatura emitió un comunicado pidiendo que se retirara la aprobación del PDUAC por parte de la Comisión de Urbanismo del Departamento de Territorio i Sostenibilidad. La Generalitat suspendió la votación inmediatamente. Se da la circunstancia de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, tiene su segunda residencia en Das desde la década de los 80.

El Departamento de Territorio confirma que el consejero, Josep Rull, recibió el lunes día 7 una carta de Ribó pidiendo la suspensión de la aprobación, solo 12 horas antes de que esta se produjera. Ribó había avisado el viernes a Rull de que el lunes recibiría su misiva, según informa una portavoz del departamento. Los alcaldes de Das y Fontanals han confirmado a EL PAÍS que no fue hasta el lunes que enviaron por correo electrónico la solicitud oficial de amparo a la Sindicatura. La carta de Ribó a Rull exponía el malestar que el PDUAC había suscitado entre la ciudadanía por el impacto medioambiental y por la poca transparencia del proyecto. Según el comunicado que la Sindicatura emitió el lunes, su intervención se justifica por la petición de ayuda de los dos alcaldes y de un ciudadano al cual el consorcio que es propietario del aeródromo —formado por la Generalitat y el Consell Comarcal de la Cerdaña— le negó consultar el informe técnico del PDUAC. Xavier Junquera, abogado de Barcelona y representante de los propietarios de fincas de Soriguerola (Fontanals), es la persona que solicitó ver el informe.

Junquera confirma que lo hizo cinco meses después finalizar el plazo de información pública. Pidió amparo al síndico el 21 de marzo argumentando que “denegar el acceso al expediente supone la vulneración de un derecho fundamental”. Junquera, como los alcaldes de Das y Fontanals, denuncia que el plazo de presentar alegaciones se programó en verano “porque es lo normal cuando la administración quiere que un proceso pase desapercibido”.

“Es como si no pudiera actuar en conflictos vinculados al servicio de Cercanías porque cada mañana cojo la línea R3 para ir al trabajo”, se defiende Ribó

Sin estudio del proyecto

Ribó no quiere hacer declaraciones sobre el PDUAC hasta que su oficina no haya realizado el trabajo de investigación y no haya presentado las conclusiones, que podrían hacerse públicas en dos meses, según sus estimaciones. La Sindicatura pidió que se suspendiera el proceso de aprobación pese a que, como explica Ribó, no ha elaborado todavía ningún estudio sobre el asunto. Ribó tiene su segunda residencia en el pequeño pueblo de Mosoll —que es parte de Das— desde la década de los ochenta. Ribó es un conocido amante de la Cerdaña.

En un artículo que publicó en 1989 en la Revista de Girona, Ribó, que por entonces era secretario general del PSUC, expresaba su amor por la comarca hasta el punto, según su escrito, de haberse casado en 1985 en el Ayuntamiento de Das. Ribó ya advertía en el artículo de los planes que ya por entonces planteaban que el aeródromo se convirtiera en un aeropuerto comercial: “Ahora planean fiebres de oro y expectativas de beneficio fácil. Se habla de proyectos de locura: que si un túnel en la Vall de Losa, que si aviones a reacción”. Ribó niega que su vinculación con Das tenga nada que ver con su actuación: “Es como si no pudiera actuar en conflictos vinculados al servicio de Cercanías porque cada mañana cojo la línea R3 para ir al trabajo”. La distancia entre Mosoll y el aeródromo son 1,5 kilómetros. El alcalde de Das, Enric Laguarda, dice desconocer si Ribó tiene residencia en su municipio.

El Departamento de Territori ha aplazado la aprobación de la ampliación del aeródromo “porque es la primera vez que el conseller Rull recibe una petición del Síndic y quiere facilitarle toda la información y reunirse con él”, según una portavoz del departamento. Una petición de la Sindicatura no tiene capacidad legal para detener un proceso administrativo, pero la administración tiene la obligación de atender la petición, según Joan Lluís Pérez, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB y exsíndico de la universidad. Pérez admite que es muy inusual que un consistorio pida amparo a un síndico: "No he visto nunca que un ayuntamiento pida amparo al síndico. No sería la vía habitual. Es difícil ver cómo un ayuntamiento puede ver afectados sus derechos fundamentales. Hay otras vías más normales. Una administración es sujeto pasivo y activo”.

Enric Bartlett, profesor de Derecho de Esade, apunta que “los alcaldes tienen varios medios para defender el interés general de su municipio (por ejemplo, potestad sancionadora o pedir al pleno la potestad reglamentaria) y acudir al síndico de greuges no es lo utilizado”. Pérez añade que “el síndico no es el mejor actor para intervenir con urgencia porque no tiene capacidad impeditiva. Es más fácil recurrir a la justicia, al ministerio fiscal”. Junquera explica que no ha recurrido a la justicia porque el PDUAC todavía no ha sido aprobado.

Pérez valora que una actuación de urgencia del síndico puede ser de oficio, sin que le llegue una denuncia ciudadana, y que lo normal es que sea “porque se vulnera un derecho fundamental”. Bartlett opina que “es razonable que el síndico pida suspender una actuación administrativa de la que se deriven prejuicios de imposible o difícil reparación, o porque es nula de pleno derecho”.