La fiscalía acusa de narcotráfico a los fundadores de un club de cannabis
La Asociación Casa María, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Xunta, utilizaba su sede social como secadero de plantas de marihuana que luego vendía entre sus asociados
Creada como club social de cannabis federado e inscrita en junio de 2012 en el registro de la Xunta, la asociación Casa María de Pontevedra utilizó su sede de la calle Tristán de Montenegro de Pontevedra como secadero de plantas y punto de venta de marihuana para sus 129 asociados que producían en una casa a las afueras de la ciudad.
La investigación dirigida por el juzgado número uno de la ciudad ha derivado en una acusación por tráfico de drogas contra dos de sus fundadores y un socio, en la que se cuestiona la finalidad de estas asociaciones y las ambigüedades de sus estatutos. Un debate abierto con abundante jurisprudencia a favor y en contra sobre los límites de los consumos y cultivos compartidos en estos clubs integrados en la Federación de Asociaciones Cannabicas.
El fiscal en su escrito de acusación pide una condena de 2 años y multa de 7.000 euros para cada uno por tráfico de estupefacientes, además de otros dos años de cárcel y multa de 1.400 euros por asociación ilícita contra sus fundadores. Se basa en las pruebas obtenidas en seguimientos a compradores y registros practicados por la policía que nada tienen que ver con los fines sociales de Casa María.
Subraya como los más llamativos “el estudio sobre el cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas; evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis mediante actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso o promover el debate social sobre su situación legal y la de sus consumidores”.
Otro de los reclamos de Casa María es “hacer valer los derechos constitucionales y denunciar las arbitrariedades que puedan cometer las distintas administraciones o poderes públicos o cualquier persona”, además de implicarse en “la actual demanda de regularización del cannabis como recurso económico, terapéutico y de ocio”.
La acusación se centra en el hecho de que los acusados y fundadores F.J.P.O. y L.A.F.L., y el socio del club R.B.B., hubiesen alquilado una casa en la localidad de Vilaboa, a las afueras de Pontevedra, para producir plantas de marihuana que luego secaban y vendían en bolsas desde el piso de la calle Tristán de Montenegro, sede de la asociación en el centro de la ciudad.
En apenas dos meses, la Policía llegó a interceptar cuatro entregas de marihuana a compradores cuando salían de Casa María. Fue entonces cuando el juzgado autorizó la entrada y registro del edificio donde se encontraron plantas colgadas del techo, recipientes con hojas y cogollos secos de marihuana en el congelador de la cocina, bolsas con tierra y fertilizantes.
La sede se empleaba como una tienda especializada con variedad de productos y precios. En fiambreras de cristal con inflorescencias de cannabis aparecían rotulados los nombres comerciales de la sustancia: Twister, Psicodelicia, Mermelate, Skunk, Big Bud y Green Poison.
En el piso de arriba hallaron una plantación en macetas con sistema de riego, ventilación e iluminación artificial, un picador de hojas y una balanza de precisión. En medio de todo el utillaje apareció la documentación de la asociación Casa María referida a las normas, estatutos, libro de gastos y carnés de asociados.
En el registro de la casa de Vilaboa se incautaron ciento treinta esquejes de planta de marihuana, doscientas macetas de plástico, varios semilleros, fertilizantes, fungicidas, un humidificador, bombillas de 600 vatios, proyectores de luz, bombas de agua, temporizadores eléctricos, medidores de humedad y ph, lámparas y ventiladores.
