Colau multará a las suministradoras si cortan servicios a los pobres
La alcaldesa recuerda que la ley prevé imposibilitarlas para trabajar con la administración. "La única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo", denuncia
Primero lanzó un mensaje a los bancos. O cedían pisos vacíos para destinarlos a alquiler social o les multaría. Luego a la Sareb, en la misma línea. Este miércoles, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha amenazado a las compañías suministradoras de luz y gas de que les sancionará si cortan la luz a vecinos sin recursos.
"El cumplimiento de la ley no es voluntario, es obligatorio y sobre todo para los mayores, empresas que tienen grandes beneficios y que hacen negocio con un servicio que es un derecho fundamental", ha afirmado la alcaldesa recordando que la ley 24/2015 sobre la pobreza energética no permite cortar la luz ni el agua a las familias con ingresos inferiores a un 1,5 el IRSC (un índice que se sitúa en casi 8.000 euros). "La única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo", ha zanjado Colau.
Gas Natural Fenosa ha negado que esté cortando el suministro a personas en situación de vulnerabilidad y ha subrayado que el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona en septiembre de 2014, firmado con el anterior equipo de Gobierno, para abordar los casos de pobreza energética, sigue vigente y se está cumpliendo.
Sin noticias del reglamento
Hace siete meses que el Parlament aprobó la Ley 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. La Generalitat, sin embargo, no ha aprobado el reglamento que la debe acompañar y ha de fijar, por ejemplo, el régimen sancionador. Desde hace un mes, la Alianza contra la Pobreza Energética denuncia el retraso y critica la "dejadez" del Gobierno catalán. En su última manifestación fueron al Palau de la Generalitat y allí dejaron una copia de su borrador de reglamento. Ningún departamento de la Generalitat supo responder ayer en qué estadio de la redacción se encuentra el decreto que crea el reglamento y si hay alguna previsión de su puesta en marcha.
La alcaldesa ha recordado que desde el pasado mes de noviembre se han reunido con las compañías suministradoras con la voluntad de firmar convenios de colaboración para los casos de hogares en situación de vulnerabilidad. "No hemos podido avanzar en materia de corresponsabilización para evitar los cortes, más allá del bono social, que es insuficiente. Endesa y Gas Natural no han querido avanzar y desde nuestro punto de vista es un incumplimiento claro de la ley". Sin datos oficiales, porque los tienen las suministradoras, el Ayuntamiento ha estimado que entre un 7% y un 10% de los hogares sufre pobreza energética o riesgo de cortes de suministro.
Colau ha explicado que los servicios técnicos del Ayuntamiento han encargado estudios jurídicos. También ha avanzado que si el Consistorio tiene conocimiento de que las suministradoras cortan la luz o el gas a una familia sin tener informe de servicios sociales, de acuerdo con la ley, las sanciones podrían ascender a entre 10.000 y 100.000 euros. En caso de sanciones muy graves, la norma prevé incluso que las compañías no puedan trabajar con la Administración. "Replantear con qué compañías trabaja la Administración", ha dicho Colau.
La alcaldesa también ha llamado a la Generalitat, concretamente el departamento de Empresa, a desplegar el reglamento que debería acompañar y en el que las suministradoras se escudan para no cumplir el principio de precaución, que impide cortar la luz sin conocer la situación socioeconómica de sus clientes.
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