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El defensor del Pueblo andaluz: “La crisis no nos ha abandonado”

Maeztu señala que "los indicadores de pobreza alertan del deterioro" que permanece en la región

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y el defensor del Pueblo, Jesús Maeztu.
El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y el defensor del Pueblo, Jesús Maeztu.

"La crisis no nos ha abandonado". Con estas palabras, el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado en el Parlamento su informe de 2015, en el que el 60% de las reclamaciones ciudadanas está relacionado con el estado del bienestar. En el caso de Andalucía, la mejora de los datos económicos no se ha trasladado a las capas medias y bajas de la sociedad, según ha concluido Maeztu, quien ha asegurado que "los indicadores de pobreza y exclusión social alertan del deterioro" que permanece enquistado en la región, al ofrecer unos datos que "no constatan que la crisis haya acabado". "Son los colectivos más vulnerables los más afectados, en especial los menores, los mayores y las mujeres", según el defensor.

Según el informe, en 2015, fueron 28.777 personas las que acudieron a esta oficina, además de 22 colectivos y entidades que han trabajado con ella en denuncias o en actuaciones de protección de derechos. Esto ha supuesto la tramitación de 18.923 actuaciones, de las que 9.082 fueron quejas, 9.343 consultas y 498 actuaciones de promoción de derechos sociales. De las algo más de seis mil quejas admitidas a trámite en 2015 se concluyó la tramitación de 3.676 y, de ellas, se detectó irregularidad por parte de la Administración en 2.093 casos, de los que se han solucionado o están en vías de ser solucionados el 94%.

A los expedientes relacionados con el estado del bienestar, con el 60%, le siguen los relacionados con "la sostenibilidad" de las ciudades y el territorio (14%), la justicia, prisiones y extranjería (12%), con Administraciones locales y tributarias (9%) y con consumo y "servicios de interés general" (5%). De "significativo" califica el informe del Defensor el número de quejas presentado por el personal del sector público, 1.270, relacionadas con bajas y su reposición, precariedad y temporalidad laboral, seguidas por las quejas y consultas relacionadas con el salario social, 1.013, Vivienda, 441, y Dependencia, 200. Las relacionadas con el sistema sanitario han sido 300 quejas y con cuestiones medioambientales 304, mientras que por multas de tráfico y cuestiones tributarias han superado las 300. Por "colapso y funcionamiento de los juzgados" se han registrado 244 reclamaciones y Maeztu ha asegurado que ya se están dando citaciones judiciales para 2020 y que de los 33 nuevos órganos que son "inaplazables", según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solo están aprobados 13.

El informe efectúa "propuestas urgentes para garantizar en la media de lo posible un estado del bienestar y los derechos sociales" y Maeztu ha asegurado que ni él ni nadie de su equipo se resigna a que los derechos retrocedan y rechazan esa sensación de conformidad con el retroceso que, en efecto, han experimentado tanto salarios como derechos. Entre las propuestas del Defensor está una ampliación del crédito necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes para acceder al salario social, mientras no se apruebe la ley andaluza de la renta básica. También el "reconocimiento explícito del derecho humano al agua" para que se prevea un mínimo de suministro del que no se vea privado ninguna familia aunque no pueda pagarlo, mientras que para el suministro eléctrico ha propuesto un protocolo de actuación entre las eléctricas y los Ayuntamientos que evite los cortes por causas económicas.

Para afrontar el desempleo, el Defensor ha pedido un proceso de evaluación que determine el grado de eficacia de los programas de políticas activas de empleo —sobre todo en favor de los parados de larga duración y de los jóvenes desempleados—. En materia de vivienda ha propuesto que las casas que gozan de algún tipo de protección y estén desocupadas se destinen a alquiler social y que además estas viviendas se adjudiquen por baremos sociales en vez de por sorteo.