La gestión pública del agua se abre paso entre trabas legales y económicas

La recuperación de la gestión pública del agua es una tendencia en crecimiento en los últimos años. Y ha tomado un nuevo impulso con los cambios registrados en muchos consistorios en las elecciones de 2015. Según la entidad Agua es Vida, 11 Ayuntamientos catalanes han vuelto a coger las riendas del servicio desde 2010. Míriam Planas, responsable de la asociación, apunta que en los últimos años se están multiplicando los casos, “revirtiendo así poco a poco el movimiento masivo de privatización que se produjo durante la década de los 80 y 90. Ahora se está viendo que este modelo ha fracasado”. Según un estudio de la entidad, el suministro de agua a un 84% de la población lo realizan empresas privadas, básicamente Agbar o sociedades de su grupo, como Sorea.

El interés por cambiar el modelo coincide con el vencimiento de muchas concesiones, hechas a 20 o 30 años. En esta situación está Collbató (Baix Llobregat) que mañana estrenará gestión pública del agua (hasta ahora en manos de Sorea). La decisión de rescindir el contrato se tomó, resume el concejal de Medio Ambiente Jordi Serra, por “la desastrosa gestión de la empresa”. “Recibíamos muchas quejas de los ciudadanos, la compañía no respondía a nuestros requerimientos y la red estaba en muy mal estado”, abunda.

Varios estudios técnicos encargados por el Ayuntamiento revelaron que el 58% del agua que circulaba por las tuberías se perdía debido a fugas y que era necesario invertir dos millones para poner la red a punto, una cifra inasumible para un ayuntamiento pequeño. Con el asesoramiento de Agua es Vida y Congiac (asociación de ayuntamientos con gestión pública del agua) elaboraron un plan de inversiones a más largo plazo y viable económicamente para arreglar la red en 10 años.

Ripollet tiene previsto seguir la senda de Collbató en octubre, cuando vence el contrato con Sorea. Antes hará unas jornadas participativas. Terrassa decidirá antes de finales de año si opta por la gestión pública o mixta.

Pero los municipios admiten que el camino a recorrer no es fácil. Uno de los obstáculos es la fuerte oposición de las empresas concesionarias a perder el contrato, lo que se traduce en demandas judiciales, en muchas ocasiones largas y costosas. También se quejan de la “opacidad” y los recelos de las compañías para facilitar información en el momento del traspaso.

Arenys de Munt conoce bien el problema. Asumió la gestión del agua en febrero de 2011 y todavía mantiene un contencioso abierto con Sorea por el importe de la liquidación. La concejal de Municipalizaciones, María Ballester, admite que al principio pasaron una fase de “incertidumbre” y “miedo”. “Veíamos que teníamos que competir con un privado potente y hacer grandes inversiones”. Ballester apunta que el coste más grande durante el traspaso, que “no fue amable”, ha sido la pérdida de la experiencia. “Hemos tenido que empezar de cero”, añade. Cinco años después, el Ayuntamiento asegura que ahora está llegando “a un momento de estabilidad”. De hecho, el servicio ha sido deficitario hasta 2015, cuando lograron el equilibrio presupuestario, y a partir de ahora podrán iniciar las mejoras generales de la red.

Por su parte, Agbar responde por escrito que la responsabilidad del servicio “es siempre pública” y confía en que “cualquier decisión se tome siempre de acuerdo con la legalidad vigente y pleno respeto de la ley”. Según un estudio de Agua es Vida, la gestión privada encarece de media un 25% la factura. “La municipalización del agua no es un tema ideológico, es sentido común”, remacha el concejal de Collbató. No obstante, en Arenys la bajada de tarifas no se ha producido y ha experimentado aumentos como en otros municipios de hasta el 53% de la cuota fija y entre el 25 y el 33% del precio del consumo doméstico desde 2010, según reflejan las ordenanzas fiscales.