Colau quiere limitar a 50 euros los regalos a los cargos municipales

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa un código ético obligatorio para 412 directivos de la Administración local. La normativa, que tendrá carácter sancionador, prevé que los cargos no podrán aceptar regalos que superen los 50 euros. En caso de que reciban alguno, tendrán que devolverlo o darlo al patrimonio municipal. Además, la norma pretende recoger que las personas afectadas no puedan participar en la contratación de familiares o parejas en hasta cuatro grados de sanguineidad y de afinidad afectiva —es decir, hijos, padres, hermanos, tíos, cuñados, sobrinos y las parejas de todos estos—. Esto no impedirá que se contraten personas allegadas, pero sí que los afectados directos en las contrataciones lo hagan.

"Vamos un paso más allá de lo que marca la Ley de Transparencia", ha defendido Jaume Asens, teniente de alcalde. El anteproyecto, presentado este martes, tendrá que pasar por el debate con los grupos y está sujeto a modificaciones, ha avisado el concejal. El regidor ha defendido que se trata de la primera norma de este tipo con carácter obligatorio en el Estado y que incluye sanciones que van desde una amonestación hasta la pérdida de empleo y sueldo en caso de no cumplirse. "Somos la punta de lanza en transparencia", ha insistido.

El código pretende prohibir, entre otras cosas, las puertas giratorias. Limita en dos años la posibilidad de trabajar en empresas que se hayan visto afectadas por decisiones tomadas en el Ayuntamiento. Los regalos que superen la cantidad de 50 euros se tendrán que devolver y si no se puede, se incorporarán al patrimonio del Consistorio, según han explicado los representantes municipales.

Un comité de cinco expertos en materia de transparencia se encargará de velar por el cumplimiento de las normas que dicte el código. Será la alcaldía quien designe a los expertos, que tendrán un mandato de cuatro años. El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha criticado enseguida este asunto y ha defendido que los miembros del comité pasen por el pleno y su cargo dure seis años para desvincularlo del Gobierno. Aún así, Esquerra se ha felicitado por la iniciativa, que considera una idea suya.

El Ejecutivo de Colau prevé que el código entre en vigor en julio, una vez superados los trámites. La aplicación no tendrá carácter retroactivo, por lo que las contrataciones hechas hasta ahora no se verán afectadas. Tampoco repercutirá en los 92 asesores que, según ha defendido Joan Llinares, gerente de recursos, "se rigen por otra normativa". Entre ellos se encuentra la pareja de Colau,  Adrià Alemany, contratado por el grupo de Barcelona en Comú como asesor.

Para sus impulsores, la norma supondrá un avance con respecto a lo que les viene impuesto por la ley de transparencia y buen gobierno tanto de la Generalitat como del Gobierno central. Sobre todo porque amplía el número de personas afectadas, que pasa de 70 —regidores y concejales de distrito—, a 412 —incluye directores de empresas y fundaciones, directores de servicio, comisionados, consejeros de distrito y gerentes—. También porque por primera vez va más allá de un código de conducta voluntario. "Será una norma que forme parte del corpus legal del Ayuntamiento", ha explicado Asens.

El texto del borrador presentado intenta explicar cuáles se considera que son intereses personales, una de las reinvidicaciones que las entidades pro transparencia siempre hacen a la legislación sobre la materia. El texto detalla seis puntos: "Intereses propios; intereses de familiares y cónyuges o personas con relación de afectividad hasta en cuatro grados; intereses de personas con quien se tenga un litigio; intereses de personas con quien se tenga enemistad manifiesta; intereses de empresas a las que las personas afectadas hayan estado vinculadas en los últimos dos años o el de las entidades a las que los familiares estén vinculados por una relación laboral".