El Gobierno valenciano detecta ilegalidades en todas sus empresas

El Gobierno valenciano ha anunciado este miércoles que ha encontrado ilegalidades en todas las empresas y entidades del sector público de la Generalitat. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mònica Oltra, explicó que las auditorías correspondientes al ejercicio de 2014 —el último que fue gestionado íntegramente por el PP— demuestran que el fraccionamiento de los contratos, el abuso de la contratación sin sacar la operación a concurso y el abono de salarios sin autorización presupuestaria son práctica habitual.

La situación de descontrol en algunas de las 35 empresas y organismos públicos analizados es tal que los auditores han preferido no pronunciarse hasta tener la información necesaria. Es el caso de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, la empresa desde la que se impulsó la política de grandes infraestructuras y eventos en los años de gobierno del PP.

En esta sociedad los auditores han contabilizado 25,9 millones de euros en proyectos en los que no se ha realizado obra alguna; imprevisiones sobre el coste que tendrá una reversión de terrenos mal expropiados y casi 100.000 euros de salarios pagados indebidamente.

Ciegsa, la empresa pública dedicada a la construcción de infraestructuras educativas, es otro ejemplo de descontrol en la gestión. Esta sociedad mantiene prorrogados desde 2008 los acuerdos para el suministro provisional de aulas prefabricadas que han afectado a los plazos y al precio del contrato con un “impacto económico significativo”. Esta empresa, que según la investigación del caso Taula era una de las ventanillas utilizadas por cargos del PP valenciano para recaudar mordidas, mantuvo en 2014 unos gastos “constantes a pesar de la práctica paralización de las obras gestionadas”.

La vicepresidenta Mònica Oltra anunció ayer que el objetivo del Gobierno valenciano “es recuperar el dinero desviado”. Para lograrlo, el Ejecutivo de coalición (PSPV-Compromís) ha anunciado que pleiteará ante el Tribunal de Cuentas para exigir la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por parte de quienes aprobaron o consintieron la gestión irregular. “Si hay responsabilidades legales, la abogacía de la Generalitat dará traslado a la fiscalía”, afirmó Oltra. La Consejería de Hacienda, que dirige Vicent Soler, ha anunciado ya la aprobación de una “normativa de transición” para frenar estas prácticas y mejorar la gestión y la transparencia hasta que se apruebe una ley del sector público que permita poner orden en la situación actual.

Las irregularidades afectan también al Palau de les Arts, el coso operístico valenciano, que en 2014 contrató personal fuera de plantilla sin autorización y pagó salarios o pluses sin consentimiento de la dirección general de Presupuestos. Culturarts, que gestiona los teatros públicos, también alteró salarios y realizó contratos sin pedir presupuestos. En Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona el Metro, los auditores han puesto de relieve que el 4,6% de todos los contratos se fraccionó para evitar los concursos. Y así en la práctica totalidad de empresas, como los estudios de cine de Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón.