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Una exedil de Barberá, investigada en Taula, procesada por fraude fiscal

Un juzgado de Mislata ve indicios de delito por no declarar la herencia recibida del padre

La exconcejal popular María José Alcón entra en los juzgados.
La exconcejal popular María José Alcón entra en los juzgados.EP
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La exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, investigada en el caso Taula, ha sido procesada por presunto fraude fiscal y contra la Seguridad Social en relación con la herencia de su padre. Alcón, que estuvo en los equipos de gobierno de Rita Barberá y está casada con el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, ha sido procesada junto con su madre y sus dos hermanos por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mislata.

La magistrada encargada ha puesto fin a la instrucción y ha dado traslado al fiscal para que le diga si decreta la apertura de juicio oral, archiva la causa o practica nuevas diligencias, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La juez considera que existen indicios de que Alcón y sus familiares cometieron un delito al no presentar la declaración de renta del fallecido cuya herencia recibieron. Según el auto, la titular del juzgado cifra en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por la esposa y los tres hijos del fallecido por no presentar la declaración del IRPF y una resolución judicial que reconoció al fallecido y a su esposa el justiprecio por la expropiación de dos fincas registrales.

Según la instrucción realizada, la juez observa indicios de la viuda también defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009.

La jueza considera que tras haber tomado declaración a Alcón y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, los hechos investigados son "penalmente relevantes" y podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La exconcejala popular es la misma que en una conversación con su hijo, grabada en el caso Taula, asegura que "en este país lo único que funciona es la corrupción".

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En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realizará un relato de cómo cree que sucedieron los hechos, concretará el delito que imputa a los encausados y la pena que solicitará para ellos.

Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal al abogado de los acusados para que, a su vez, formulen escritos de defensa.

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