Siete meses sin el reglamento de la ley contra la pobreza energética

El verano pasado, después de un tortuoso camino parlamentario, la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) contra los desahucios y contra la pobreza energética terminó convertida en ley. Siete meses después, sin embargo, los reglamentos que deben acompañar el texto para hacerlo efectivo siguen sin estar aprobados. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se ha manifestado hoy en las calles de Barcelona para pedir a la Generalitat que apruebe sin más dilaciones los anexos que vehiculen los compromisos de las suministradoras con la norma.

La ley 24/2015 establece un cambio en la manera como las empresas se enteran de la vulnerabilidad de las familias. Anteriormente, el mecanismo diseñado por la Generalitat para evitar los cortes obligaba a los afectados a ir a los Servicios Sociales a solicitar un informe que acreditara su situación precaria. Ya con este documento, las suministradoras no ejecutan el corte y pasaban a la Generalitat las facturas impagas. La nueva normativa establece el principio de precaución, es decir, que no sea la familia la que tenga que hacer todas las gestiones sino que se obliga a las propias empresas a ponerse en contacto con los Servicios Sociales antes de realiar un corte para verificar la situación de la unidad familiar.

La portavoz de APE, Maria Campuzano, denunció ayer que empresas como Endesa continúan sin aplicar este principio. “Es indignante que estas compañías continúen saltándose la ley con total impunidad y no haya respuesta por parte de la Administración”. Un portavoz de la empresa respondió que hasta que la Generalitat no publique los reglamentos no tienen que ejecutar el principio de precaución y que por lo pronto seguirán pidiendo a las familias vulnerables que lleven el informe para no cortarles el suministro. E insiste, a diferencia de los que sostiene APE, que no se realizan cortes.

La Alianza le afea a la Generalitat, especialmente al departamento de Empresa, que “no se haya desplegado ningún reglamento o se hayan cerrado los convenios con las empresas para que se hagan a cargo íntegramente de las facturas impagadas”. La ley 24/2015 fija que “Las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos”.

 “Desde hace un mes Empresa tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que hemos hecho desde la comisión promotora. Una vez más la calle va por delante de las Administraciones”, recuerda Campuzano. Miembros del Gabinete de la Presidencia de la Generalitat recibieron ayer a una delegación de APE, que le entregaron una copia de los convenios.