Repensar la universidad

En febrero se cumplieron seis décadas exactas de los sucesos que tuvieron lugar en 1956 en la Universidad de Madrid y que, junto con los hechos del Paraninfo de la Universidad de Barcelona del año siguiente, iniciaron el imparable proceso de debilitamiento del falangista Sindicato Español Universitario (SEU). Ya en los años sesenta, el crecimiento de la contestación estudiantil a la dictadura culminó, la semana pasada hizo medio siglo, en las jornadas de la Caputxinada y la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), pronto replicado en otras universidades españolas. En los años siguientes, el régimen franquista perdió paulatinamente el control de la universidad ante la movilización estudiantil y la de un potente movimiento de profesores no numerarios (PNN) que planteaban, junto a reivindicaciones de tipo laboral, el fin de la dictadura y una profunda transformación del modelo universitario. El Manifiesto de Bellaterra (1975) puso negro sobre blanco la exigencia de una universidad pública y democrática, con profunda autonomía y al servicio de la sociedad.

Desde entonces, no solo ha llovido mucho, sino que el panorama universitario español se ha transformado radicalmente, y en un sentido inequívocamente positivo. La afirmación vale también, por supuesto, para las universidades catalanas. Ahora bien, aunque muchos de lo objetivos del SDEUB y del Manifiesto de Bellaterra se han cumplido, queda aún camino por recorrer para lograr una universidad socialmente igualitaria, democrática y exigente en el cumplimiento de sus variadas funciones. En realidad, en los últimos años se ha producido un claro retroceso en ese camino. La enorme subida de tasas y los grandes recortes en la política de becas han expulsado de la universidad a muchos jóvenes de clase trabajadora y han vuelto a convertir la educación superior en un bien al alcance solo de una parte de las familias. Resulta comprensible que los estudiantes vean con preocupación la nueva reorganización de los estudios que se avecina, que sin una rebaja general de tasas —sobre todo en el postgrado— ahondará la desigualdad en el acceso a los estudios superiores.

No menos problemática resulta la creciente orientación productivista de la actividad investigadora, obsesivamente preocupada por los criterios cuantificables, antes que por los cualitativos, y por la posición en rankings internacionales construidos de forma más que discutible. O el evidente menosprecio por la docencia, subordinada a otras actividades del profesorado más rentables académicamente. Por no hablar de la asfixiante burocratización y la deriva tecnocrática de la organización de las universidades, apuntalada sobre estructuras cada vez más jerárquicas, menos participativas y menos representativas de los diversos colectivos universitarios. Todo ello sostenido con el argumento de la necesaria emulación de las formas de gobierno de las instituciones universitarias de referencia internacional, sin añadir, claro está, que la inversión pública en universidades está muy lejos de lo que un país del peso económico del nuestro podría y debería realizar.

Con todo, y contra lo que sostienen algunos discursos derrotistas, conviene recordar que muchas de nuestras universidades obtienen buenos resultados en docencia e investigación. Y ello, a pesar de una cierta dejación de responsabilidades por parte de las administraciones, expertas en legislar y establecer continuamente nuevas obligaciones de todo tipo sin poner al tiempo los recursos necesarios para cumplir con ellas. Nuestras universidades salen adelante cada día gracias al enorme esfuerzo de un profesorado y de un personal de administración muy castigados en sus condiciones laborales y en sus posibilidades de promoción profesional. Como en otros ámbitos, la crisis se ha afrontado con recortes en las plantillas del profesorado con condiciones laborales de calidad, y ampliando las de profesorado con contratos precarios, sueldos de vergüenza y muy escasas perspectivas de estabilización. Al tiempo, se ha cerrado la entrada a jóvenes docentes e investigadores, obligados así a un exilio académico en otros países a los que regalamos el talento que tanto cuesta luego recuperar, cuando se recupera.

A cincuenta años de la Caputxinada, y cuarenta después del Manifiesto de Bellaterra, estamos en un momento crítico para nuestras universidades. Los estudiantes, el profesorado estable y los nuevos PNN, más allá de los aciertos y errores que sus variados y plurales diagnósticos y recetas puedan contener, reflexionan y nos interpelan sobre la universidad que queremos para el futuro. Prestemos atención.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB.