La guerra por BPA se recrudece un año después

Joan Pau Miquel cumple el miércoles un año entre rejas en La Comella, el único centro penitenciario de Andorra y uno de los menos masificados de Europa. El que fue consejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial Banco Madrid permanece en prisión provisional por blanqueo de capitales. El 10 de marzo de 2015, un demoledor informe del departamento antifraude (FinCen) del Tesoro de EE UU acusaba a la entidad de facilitar el blanqueo del crimen organizado procedente de Venezuela, Rusia, China y México. Las autoridades andorranas intervinieron la entidad y apartaron a los directivos. La justicia, mientras, envió a Miquel a la cárcel tras escuchar a uno de sus clientes: el empresario Rafael Pallardó, que le acusó de dar cobertura al lavado de dinero de la red de Gao Ping.

El consejero delegado cumple el miércoles un año en prisión preventiva

Miquel, para quien los responsables sanitarios del centro solicitaron el ingreso en el departamento psiquiátrico del hospital debido a su estado, es una pieza clave en la guerra desatada por el caso BPA y que ahora, un año después de la intervención que puso en jaque la plaza financiera andorrana, se ha recrudecido. Los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios del banco, quieren recuperar el control de la entidad y ver a su hombre de confianza —a quien se le acaba de prorrogar la prisión provisional— en libertad. Están en plena ofensiva desde que, hace apenas un mes, el FinCen emitiera un informe que retiraba la nota de hace un año. BPA ya no es una “preocupación de primer orden” en materia de blanqueo para los americanos, que no obstante avalan la actuación de las autoridades políticas y judiciales de Andorra.

Los Cierco han demandado al Fincen en EE UU, pero además han distribuido un mamotreto de 525 páginas con su versión del caso. Su principal argumento es que la entidad ha superado todos los informes sobre prevención de blanqueo, sin que ni los auditores externos (KMPG y Deloitte) ni los organismos de control público (UIF e INAF) detectasen nada. Los Cierco señalan a los máximos responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera (Carles Fiñana) y del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (Maria Cosan). Esta última “conocía perfectamente los hechos en primera persona” porque entre 2008 y 2011 dirigía KMPG, la época de la que datan los cuatro grandes casos denunciados por FinCen.

BPA alega que, en marzo de 2014 informó de los grandes casos sospechosos de blanqueo. El primero es el caso Petrov, vinculado a empresarios rusos e investigado por la Audiencia Nacional. La Fiscalía sospecha que Andrei Petrov blanqueó cantidades millonarias para su jefe, el magnate y exparlamentario ruso Víctor Kanaikin. Éste ingresó 20 millones de dólares en 2003 en BPA y otros 30 millones cuatro años más tarde. Los Cierco defienden que el banco indagó a fondo a los clientes y que los auditores concluyeron que todo estaba en orden.

Las autoridades financieras piensan en subastar la entidad en breve

El caso Petróleo afecta a unos clientes venezolanos cuyos fondos fueron bloqueados en 2013. La UIF abrió un expediente a BPA, pero “no comunicó los cargos”. Dos años más tarde, la justicia andorrana los desbloqueó. Los Cierco defienden que el dinero había llegado de “bancos de primer orden mundial, la mayoría americanos”. El tercero es el caso Emperador (la red del presunto mafioso chino Gao Ping). La entidad admite que Pallardó fue cliente de 2008 a 2011, pero subraya en que “hizo visitas in situ” para validar sus negocios. Y el cuarto asunto, del que los Cierco dicen no saber nada y que las autoridades andorranas afirman que está bajo secreto, tiene relación con el cártel de Sinaloa, bajo investigación judicial en Andorra.

Las autoridades andorranas han desvelado parte de la auditoría que la consultora PriceWaterhouseCoopers ha elaborado (tras más de 140.000 horas de trabajo) sobre BPA. La conclusión es que hay 923 clientes de BPA sospechosos de blanqueo de capitales. La cifra supone solo un 3% de los clientes, pero un 20% (unos 1.000 millones de euros) del volumen de negocio. Un centenar de esos clientes reúnen todos los factores de riesgo máximo. Los activos del resto de los clientes, al no ser tóxicos, podrían traspasarse al banco bueno (Vall Banc), cuya subasta estaba prevista para las próximas semanas pero se ha aplazado a petición de los bancos que participan en el proceso para que los bancos puedan examinar al detalle todos los activos y pasivos de la entidad, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Mientras, los clientes siguen en una suerte de corralito, ya que no pueden disponer de más de 2.500 euros semanales.